La organización se pregunta "si es aceptable éticamente tomar decisiones que afectan gravemente a la vida de los trabajadores como los despidos sin ningún tipo de consulta previa o diálogo con ellos" y lamenta que en un caso como este, que afecta a la dignidad laboral de más de 300 personas, que "las administraciones públicas, cuya misión ha de velar para garantizar el bien común de todos, en el cual el trabajo ocupa un lugar determinante, si no han de tener y ejercer la capacidad de intervenir y dirimir este tipo de situaciones, claramente lesivas del derecho al trabajo y a la vida digna de los trabajadores".
A su entender, la legislación laboral de los países tendría que garantizar la continuidad del empleo en circunstancias normales "y dictar condiciones que preserven la vida digna de los trabajadores y sus familias en caso justificado de cese o despido laboral", algo que, en España, dicen, se fue al traste con la reforma del Estatuto de los Trabajadores, en 2012, la conocida Reforma Laboral aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy "cuando se otorgó prácticamente una permisividad total de despido por causas económicas, productivas u organizativas, sin previo acuerdo con la parte social, laboral y administrativa". Una disposición que "deja inermes a los trabajadores, a los sindicatos y a la misma Administración Pública para evitar situaciones como esta de LM y disponer de recursos legales para resolver cualquier crisis empresarial y laboral de modo justo para trabajadores y empresa"
Por eso, reclaman que es de "apremiante urgencia revertir el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que establezca de nuevo la necesidad de contar con los trabajadores y sus representantes sindicales y el control administrativo y autorización por parte de la administración pública en la resolución del despido colectivo de los trabajadores".
La dimensión social de las empresas
Argumentan que, tal y como se ha subrayado, la planta de Ponferrada es una de las de mayor producción y rentabilidad de la empresa multinacional, sin que exista en la misma una situación deficitaria objetiva. Por tanto, se preguntan "cómo pueden entenderse y aceptarse situaciones de este tipo de capitalismo en su versión más materialista y nada humana" y recuerdan que, según la Doctrina Social de la Iglesia la "uno de los mayores riesgos es que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social”.