Herrera ofrece diálogo y prioriza el progreso material y social y la calidad de vida de Castilla y León

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta para un quinto mandato, Juan Vicente Herrera, empezó su intervención recordando la pluralidad de la Cámara derivada de las últimas elecciones autonómicas y apunta como prioridades “el progreso material y social” y la “calidad de vida y calidad democrática” en Castilla y León.

Asimismo puso el énfasis en el diálogo como herramienta de trabajo y recordó que sus gobiernos anteriores ya han empleado este instrumento como pone de manifiesto que una de cada tres leyes de la anterior legislatura fuera aprobada con acuerdos con el PSOE. En este sentido, ofreció diálogo a toda la Cámara sin distinción de grupos y abogó por un Ejecutivo que gobierne “desde la centralidad”.

También aseguró que el resultado de las elecciones autonómicas revelan “un deseo y un mandato de cambio, en el fondo y en las formas, que todos los responsables y grupos políticos debemos atender con urgencia”. Frente a ello, aseguró sólo hay dos salidas: la regeneración del sistema o la ruptura y abogó por el primero de ellos, abogando por la reforma legislativa y la aplicación práctica de los principios de “austeridad, eficiencia, participación ciudadana y transparencia”. En este sentido, apostó por fortalecer los mecanismos de prevención y control que “eviten la repetición de conductas inmorales y deshonestas”.

Por otra parte, Herrera habló de la crisis para destacar los “durísimos” efectos que aún se perciben por a crisis económica y puso de manifiesto los “esfuerzos y sacrificios” que la sociedad ha realizado, pero advirtió de que “no han sido baldíos”, sino que han servido para mantener los servicios públicos esenciales con una alta calidad y para que los pueblos puedan servir prestándolos. Tras recordar la bajada de los datos del paro, indicó que son “un aliciente”, pero “no deben hacernos olvidar lo mucho que falta por delante”.

Al resto de grupos parlamentarios una oferta para reformar el Estatuto de autonomía con el objetivo de blindar los servicios sociales, incorporando un suelo social equivalente al 80% del presupuestos; fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de los servicios de proximidad, e incorporar nuevos planteamientos de calidad democrática, con puntos como la limitación de mandatos, eliminación de aforamientos, limitación del número de consejeros, adecuación del número de procuradores, ampliar las incompatibilidades y afianzar las responsabilidades políticas. Asimismo, ofreció un acuerdo para reformar el reglamento de las Cortes e incluyó un paquete legislativo para mejorar la calidad de la política en la Comunidad.