González Mantero: "Queremos incrementar las energías limpias"

El presidente del Eren ve complicado un equilibrio entre políticas energéticas y medioambientales en un mismo Ministerio

S. Gallo (Ical)
09/06/2018
 Actualizado a 09/09/2019
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Ricardo González Mantero preside el Ente Regional de la Energía (EREN) desde 2005 y ahora se posiciona al frente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), un cambio que coincide con la llegada de un nuevo Gobierno y de una ministra con la que confía que se agilizará la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con la intención de sacar este mismo año una estrategia de renovables térmicas orientada al año 2030, se refiere a la biomasa como una fuente importante para el mantenimiento de la población rural, y se felicita por que Castilla y León cuenta con una producción de renovables eléctricas que superan la demanda total en la Comunidad. Mientras se trabaja en líneas como el impulso del vehículo eléctrico y el autoconsumo, entre otros muchos, no quita la mirada de las dificultades que vive el sector del carbón, para el que reitera una transición nacional al menos hasta el año 2030 por razones de mantenimiento de precio de la electricidad “en niveles lógicos” y de seguridad de suministro eléctrico.

Como líderes de EnerAgen durante los dos próximos años, ¿qué retos tienen por delante?

Llevamos en EnerAgen desde 2002. Es un orgullo y una consolidación para el Ente Regional de la Energía y las políticas que ha venido desarrollando de apoyo a las renovables y al ahorro de la eficiencia energética. Ser un interlocutor muy activo en la gestión de la política energética del país es muy importante, y también que las agencias de alguna manera participen en la gestión de los fondos energéticos que hay, al ser entidades más cercanas al ciudadano que una administración estatal como puede ser el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

¿Qué papel va a desempeñar Castilla y León desde la Presidencia?

Vamos a continuar con el trabajo que había ya en grupos existentes en EnerAgen que están dando muchos servicios tanto a los ciudadanos como a las administraciones locales, provinciales y regionales en temas de autoconsumo y de alumbrado público. Tenemos un grupo de movilidad eléctrica que ha hecho aportaciones de propuestas normativas a nivel estatal, y quizá lo podamos extender a otras como la de movilidad alternativa, no solo eléctrica. Hay propuestas novedosas que tienen que ver con la contratación conjunta de electricidad, algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la Junta, con un ahorro anual del orden de cuatro millones de euros.

¿En qué ámbitos se podría aplicar y con qué expectativas?

En el caso de los ciudadanos, hay que orientarlos en cómo se puede aplicar el autoconsumo, que es una forma de generación eléctrica distribuida que ha tenido relativa poca utilización en España. Quizá, cuando salió la normativa que lo permite se hizo una campaña para denostarlo con la existencia de un peaje, y eso ha revertido en la conciencia que existe en la opinión pública, en general, que es que el autoconsumo no se puede hacer, bien porque está prohibido o porque no es rentable, y eso no es así. A través de una web en la que hemos trabajado, cualquier ciudadano puede, no solo ver las ventajas del autoconsumo, sino incluso dimensionar qué tipo de instalación es la adecuada para su vivienda y dar todos los datos necesarios para que, con un instalador, pueda implementar una instalación que sea lo más ajustada posible a la legislación actual que tenemos.

¿No ha calado?

No se está registrando el desarrollo previsible, cuando estamos hablando de recuperación de la inversión en siete u ocho años. Hay cosas curiosas, como que el desarrollo más importante en alto consumo se está dando en Galicia, que si uno lo piensa de forma general, podría ser de las comunidades donde menos se pensaría que pudiera ser por motivos climatológicos. Una web en la página del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pretende generalizar el conocimiento, que se sepa que el autoconsumo es rentable con la legislación actual, aunque sea mejorable, y creo que va a tener bastantes posibilidades.

Se llevan años hablando de energías limpias, de su importancia y sus ventajas, ¿falta conciencia ciudadana; cómo se rompe esa brecha?

Existen las renovables eléctricas y las renovables térmicas. En el primer caso siempre estamos sujetos a la legislación nacional y ahí el éxito de Castilla y León es rotundo. Somos una Comunidad donde, dentro de la demanda total de electricidad, un 77 por ciento se genera directamente con eólica, y además en el entorno del 140 por ciento se genera con renovables, así que la producción de renovables eléctricas supera la demanda. Tenemos grandes instalaciones tanto en hidráulica como en eólica y fotovoltaica, y esperamos incrementar de forma importante estas instalaciones con las últimas subastas que ha hecho el Estado, tanto en la parte de biomasa, como en la eólica y la fotovoltaica. Esperamos un desarrollo de 50 megavatios más de masa eléctrica, en el entorno de 700 u 800 de eólica, y en el entorno de 300 o 400 de fotovoltaica dentro de estas subastas, lo que implica una inversión en la Comunidad por encima de los 1.300 o 1.400 millones de euros en estos próximos dos años.

¿Temen que el cambio de Gobierno ponga en riesgo estas subastas?

No. Las subastas están diseñadas para que España pueda cumplir los objetivos de presencia de renovables a 2020, y esos objetivos siguen vigentes.

¿En qué lugar se encuentra ahora la biomasa?

Ha habido un par de años de precio relativamente bajo del gas natural y del gasóleo C y eso ha ralentizado el avance de la biomasa. Con el incremento que está habiendo del precio de la energía, vamos a experimentar un importante crecimiento de las instalaciones de biomasa térmica, y eso va a tener bastante desarrollo, además del desarrollo que se está impulsando a través de redes de calor, que es algo más institucional, con una serie de redes que se están desarrollando en algunas ciudades y que van a permitir unirse a las comunidades de vecinos con pocas obras internas, con apenas un intercambiador de calor. La inversión mayor está en la parte eléctrica pero pretendemos sacar este año una estrategia de renovables térmica orientada al año 2030 para Castilla y León. También en el tema térmico estamos tratando de impulsar el tema de solar térmica, de acuerdo a las exigencias del código técnico de edificación y nueva construcción y en construcciones existentes. La geotermia, en vivienda individual y en instalacioens singulares también va a tener bastante desarrollo.

¿Cuáles son los pilares de esa estrategia?

El objetivo es generar conocimiento, que la gente se plantee la alternativa renovable en el aspecto térmico y que conozca realmente las posibilidades que hay, lo que se puede hacer, el coste y las ventajas, y quitar esta barrera del miedo y del desconocimiento. Ahora tiene una tramitación, la presentaremos en las próximas semanas, y tiene que ir a Consejo de Gobierno para que, a partir de los presupuestos del año próximo pueda tener una dotación.

¿Cómo hacer más accesibles las renovables en el día a día y no solo en grandes instalaciones?¿Por qué ese miedo ciudadano?

En las viviendas con calefacción centralizada hay prevista una legislación que obliga a la individualización del coste de esa calefacción. La biomasa térmica ha tenido un importante conocimiento, en especial en Castilla y León gracias a ‘Expobioenergía’. En este momento la gente puede estar pensando en biomasas con calderas tradicionales que lleven agua caliente a través de radiadores a las habitaciones, pero hay otros muchos sistemas más sencillos de instalar y más rápidos que llevan aire caliente. Estamos ganando la batalla al diseño italiano, y lo que se puede ver en la feria de Valladolid es verdaderamente espectacular.

¿También está costando más de lo esperado el uso del vehículo eléctrico?

Dentro de EnerAgen se puso en marcha un grupo de vehículo eléctrico que ha hecho varias propuestas normativas a nivel estatal con el objeto de mejorar la legislación de los gestores de carga y facilitar el vehículo eléctrico. Va a haber un desarrollo importante de redes en los próximos años. En Castilla y León vamos un poco por delante porque tenemos ya alguna electrolinera, pensamos que se pueden poner más en servcios en los próximos años, y la Junta está desarrollado un sistema propio de estaciones de carga. Este desarrollo cada vez es mayor y observamos que está habiendo compras de otros vehículos eléctricos por parte de la administración o híbridos enchufables, que también están teniendo un desarrollo importante en compras de la Junta.

¿Cuántos puntos de carga hay en Castilla y León?

De la propia administración, hay unos 60 puntos individualizados, y lo que está habiendo es un desarrollo cada vez mayor del tema de electrolineras. Esperamos un desarrollo importate. No solo está avanzando el vehículo eléctrico, sino también los híbridos, vehículos enchufables, que funcionan a gas natural Comprimido (GNC)…, por la preocupación en las grandes ciudades por el acceso en episodios de alta contaminación.

¿Llegará un día en que este tipo de vehículos supere en número a los vehículos que funcionan con combustible?

Eso llegará, pero llevará su tiempo. Una de las cuestiones fundamentales es la adaptación de las redes de baja tensión a la zona de inducción del vehículo eléctrico, algo que han puesto de manifiesto importantes dirigentes de las empresas mayores del sector eléctrico español y que requerirá una planificación y una inversión importante a nivel europeo y a nivel español.

Además del precio de los vehículos no contaminantes, ¿quizá la falta de red continua es un lastre?

Lo que nos han trasladado desde el Ministerio es que comprueban que la principal barrera de entrada es el miedo a poder cargar, un miedo que no existe en los vehículos híbridos, que siempre disponen de combustible alternativo que suele ser gasolina, pero en el caso de los vehículos elécricos puros u otros de GNC puros, el hecho de que no tengas estaciones de carga desarrolladas es la principal barrera de entrada en el sector. Está habiendo conversaciones entre las propietarias de estaciones de servicio y lo vamos a impulsar. De hecho, dentro de la plataforma de regiones carboneras en transición tenemos previsto hacer un proyecto conjunto de las regiones de Aragón, Asturias y Castilla y León en relación con movilidad alternativa teniendo en cuenta que tenemos continuidad.

¿Cómo será el futuro energético en Castilla y Léon?

Todos tenemos bastante claro que va hacia una electrificación de la economía. Somos un país con una alta dependencia energética. A medida que podamos ir haciendo una transferencia de la utilización de distintas energías finales hacia energía eléctrica, iremos reduciendo cada vez más esa dependencia; y eso con la ventaja de que somos un país capaz de generar mucha electricidad, de poder generar mucha más si nuestras cifras de interconexión con el resto de Europa fueran mayores y se cumplieran los objetivos de la Comisión Europea. Hay que incrementar la interconexión con Francia que nos va a permitir hacer un desarrollo mayor de energías renovables y, por lo tanto, que esa electrificación de la economía la podamos ir abasteciendo con energía generada en España y reduciendo la dependencia energética y un importante desembolso que tenemos todos los años en la compra de petróleo o de derivados del petróleo para refinar en España.

¿Cómo se está avanzando en la transición energética?

Llevamos haciedo transición energética muchos años. Cuando veo las estadísticas desde el año 1997 que empezó a funcionar el EREN en tema de generación eléctrica, se advierte que hay una reducción importante en la parte de generación con carbón y un incremento importantísimo de la parte de generación con renovables, y fundamentalmente eólica y fotovoltaica, también en cogeneración. En España, tenemos el trabajo del grupo de expertos que nombró el Ministerio para la preparación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dentro de lo que es el informe que hicieron los expertos vemos que algunos de los escenarios nos gustan más que otros. Creemos que tiene que haber una transición para el carbón nacional que dure la menos hasta el año 2030, que es el último año en que las centrales térmicas pueden tener pagos por capacidad, y esperamos que ese desarrollo vaya por ahí fundamentalmente por razones de mantenimiento del precio de la electricidad dentro de unos niveles lógicos y también de seguridad de suministro energético.

El anterior ministro advirtió de que no ordenar el cierre de las centrales podría encarecer el recibo de la luz. ¿Es un aviso del cierre del sector minero?

No, yo creo que la postura que ha mantenido el exministro es la que tiene que tener un Gobierno, que es qué es lo mejor para el país y que el mix de generación español no esté concentrado solamente en una serie de tecnologías, sino que cuanto más diversidad haya, mejor. Eso es lo que se está pretendiendo. Lo que se ha hecho es directamente hacer una simulación de qué ocurriría en distintos escenarios si se van cerrando una serie de centrales térmicas que suponen un importante respaldo en los días en los que hay una suficiente generación libre de emisiones (nuclear y renovable) y en esos escenarios se ha movido el Ministerio con el algoritmo europeo ‘Euphemia’, y ha salido que hay un incremento del precio de la electricidad si se cierra abruptamente el carbón.

En relación al carbón, ¿se bajan los brazos y se da por perdido de forma casi total el sector?

Nuestras empresas mineras tienen unos contratos firmados hasta el 31 de diciembre; no hay ninguna empresa minera parada en este momento, y hablamos de un suministro de 600.000 toneladas a las centrales térmicas de Compostilla y La Robla, que son las que están comprando carbón. En el caso de La Robla tenemos la confirmación por parte de Gas Natural-Fenosa de que esa central se va a adaptar a los requerimientos de la directiva de emisiones industriales, y por lo tanto va a seguir en funcionamiento, y nos falta la confirmación de lo que se puede hacer en algunos de los grupos de Compostilla. Ahí lo que venimos insistiendo y pidiendo es un poco lo que se ha conseguido ya, sabiendo que va a haber pagos por capacidad hasta el año 2030, sabiendo que puede haber una producción de carbón nacional que abastezca a las centrales. En el caso de Compostilla, al menos el grupo 4 y 5 también pudieran tener esa continuidad desde el 30 de junio de 2020, para lo cual hay que dar desde el Estado una visión clara a Endesa de qué es lo que se quiere hacer con el sector.

¿Cómo ve el sector minero a medio plazo?

Cuando empecé en esto, todo el mundo decía que se terminaba el carbón en 2002, después vino el reglamento que impulsó Loyola de Palacio de ayudas al sector que estuvo vigente hasta 2010, y, lamentablemente desde entonces, la decisión 2010/787 que impulsó el comisario Almunia es una decisión que ha tenido la consecuencia de ayudas al cierre de unidades de explotación de carbón no competitivas. Todo eso ha provocado una reducción importantísima del sector, una reestructuración total, pero desde 2014/2015 todas las unidades de carbón que tenemos en funcionamiento, que están dando 600.000 toneladas este año de suministro a las centrales térmicas y que sería posible incluso incrementar, son todas unidades rentables y que están vendiendo al mercado libre y sin ayudas. Vamos a ver qué pasa desde 2019, cómo se regula lo que dice la decisión en cuanto a la devolución de las ayudas que hayan percibido las unidades de carbón que hayan estado funcionando en el periodo y que sean rentables, y desde ahí se podrá saber. Es complicado poder hacer una proyección de cómo va a quedar, porque son muchos elementos los que hay que tener en cuenta.

¿Qué expectativas y temores tienen sobre la continuidad del carbón y el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora?

Siendo un tema que preocupa fundamentalmente en Asturias, Aragón y por supuesto Castilla y León, el cambio de Gobierno podría causar algunos retrasos indeseables, dada la urgencia de resolver muy a corto plazo ciertas cuestiones. Por ejemplo, la forma de devolución de las ayudas a aquellas explotaciones mineras que aun habiéndolas recibido en el período 2011/2018, sean hoy totalmente competitivas en el libre mercado; o la modificación de los criterios para autorizar las solicitudes de cierre de instalaciones de generación. También el mensaje nítido que tienen que recibir las eléctricas en cuanto al mix de generación eléctrica durante esa transición, y en concreto hasta el año 2030, último año de vigencia de los pagos por capacidad en Europa para las centrales de generación que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilowatio-hora generado. Una cosa es prever que se cierren algunos grupos de carbón para el período 2020-2030, y otra muy distinta que se pudieran cerrar casi todos. Esperamos que el mensaje incluya al menos el mantenimiento en operación de los Grupos 4 y 5 de Compostilla, además del Grupo 2 de La Robla, para el que Gas Natural Fenosa ya ha anunciado y comprometido su adaptación a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales. Otros asuntos que pueden verse afectados son la firma de convenios específicos para las actuaciones de infraestructuras en los municipios de la minería del carbón, que deberían suscribirse antes de final de año, y consignar anualidades totales por parte estatal de 250 millones de euros en el período 2018-2022. Por otro, la inclusión del Reino de España en la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, la creación del equipo-país con la multirregión Aragón-Castilla y León-Asturias, y la selección de proyectos a presentar para su financiación.

¿Cuáles son sus prioridades para el nuevo Gobierno?

Todos los temas que acabo de citar requieren urgente actuación por parte del Ministerio competente, no hay tiempo ahora para un período de rodaje.

¿Cómo prevé que pueda influir el cambio de Gobierno en política energética?¿De qué forma influye el que sea de otro signo político?

La elección de Teresa Ribera como posible ministra de Energía y Medio Ambiente parece un síntoma claro de que se agilizará la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahora bien, más que al signo político, hay que estar atentos al adecuado equilibrio entre la seguridad de suministro energético y el grado de dependencia energética de España, por un lado, y a las consideraciones medioambientales, por otro.

¿Qué le parece la nueva composición de los ministerios en relación a materia energética y medioambiental?

Si no recuerdo mal, es la primera vez que en España se unen en un mismo Ministerio las políticas energéticas y medioambientales. Me parece complicado el equilibrio que se pueda dar entre ambas parcelas, requiriendo la gran mayoría de proyectos energéticos una evaluación de impacto ambiental preceptiva. El perfil y la trayectoria de la posible ministra hacen pensar que pueda imponerse en ese equilibrio su faceta más medioambientalista.

¿Se percibe que en Castilla y León sigue habiendo espacio para la evolución de otras energías, como la eólica o la solar?

Dentro de las subastas que ha sacado el Ministerio, que es la forma de desarrollar este tipo de energías renovables, hemos tenido unos resultados favorables tanto en biomasa como eólica y fotovoltaica. Tenemos un desarrollo importante, hay mucho trabajo desarrollado a la hora de la tramitación adminsitrativa, tenemos una ventaja por razones históricas, que es que tenemos una de las redes eléctricas de transporte en Castilla y León que tiene más capacidad de toda España. una capacidad de mayor desarrollo en toda la biomasa eléctrica si hay alguna subasta específica para esta tecnología.

Es la biomasa una energía en la que se tiene puesta la mirada especialmente?

La biomasa en una Comunidad como Castilla y León, con la necesidad de mantenimiento de población rural, es muy importante porque no solo es la planta como tal. Pongo como ejemplo la planta prevista en Cubillos del Sil (León), que puede generar un trabajo directo en el entorno de las 50 personas, pero toda la parte de abastecimietno, de logística de transporte… puede generar en una planta de 50MW del entorno de 350 empleos adicionales. Eso es importante puesto que esas plantas se van a integrar en zonas rurales o en zonas afectada por el declive de la minería del carbón, donde hay urgente necesidad de generar actividad económica para mantener población.

¿De cuántas plantas hablamos en previsión?

Ahora mismo, dentro de lo que está ya tramitado y autorizado y lo que está en tramitación hay tres o cuatro platnas de diferente tamaño, entre 15 y 50 megavatios, que requerirían acudir a una nueva subasta para tener retribución a la operación para que se pudieran desarrollar. No hablamos de grandes potencias, pero no es un tema que pueda provocar un gran coste al sistema eléctrico que pueda echar al Ministerio para atrás en cuanto al desarrollo de las plantas.

Con estos ingredientes, ¿cómo será la Castilla y León del futuro?

Castilla y León va a seguir evolucionando como ha venido haciendo de forma importante en el sector energético desde el año 1997 aproximadamente, y cada vez hacia una economía más electrificada, con cada vez más generación distribuida a través del autoconsumo. Seguimos siendo una Comunidad con importantes posibilidades de generación con renovables, por extensión e importantísima red eléctrica de transporte, y creo que donde vamos a tener que hacer un esfuerzo importante es en los temas de envolvente térmica para tratar de reducir los consumos energéticos tanto en verano como en invierno. Ahí tenemos un campo de trabajo todavía importante y largo en los próximos años. Hay un punto que es en lo que estamos trabajando en EnerAgen desde hace años y donde todavía no hemos tenido suficientes resultados, que es en la parte de regionalización de los fondos disponibles para favorecer estos temas de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. Hay una centralización de fondos que se produce desde 2012 en el IDAE y donde nosotros pensamos que, con una adecuada coordinación desde el IDAE pero con colaboración de las agencias, pueden favorecer un mejor reparto para que no se concentren en una serie de grandes ciudades.

¿Con qué criterios?

Fórmulas de criterio hay muchas. En los planes de estrategia española de eficiencia energética entre 2004 y 2012 había un reparto de los fondos por comunidades en el que nos sentíamos cómodos, que fundamentalmente iban, no tanto por población como por PIB y es una fórmula en la que nos sentiríamos cómodos todas las Comunidades. Ya no solo el reparto como tal, sino el hecho de que al haber una agencia de gestión, que pueda haber una mejor comunicación de las posibilidades que hay de ayudas, de financiación… y que permitiera un desarrollo bastante equilibrado de este gasto de fondos que se está produciendo en este momento gestionado exclusivamente a nivel central.

¿Se ha sentido Castilla y León perjudicada o discriminada hasta ahora?

Hemos observado que hay quizá poca transparencia en cómo se está haciendo el reparto de esos fondos. Por razón de tener poblaciones más pequeñas y más difuminadas, prevemos que quizá podamos sentirnos perjudicados. En general esta reivindicación es conjunta de todas las agencias, no es un tema solo de Castilla y León, sino que es algo que desde EnerAgen venimos pidiendo desde hace tiempo, que se vuelva a una coordinación que hubo en tiempos.
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