García Tejerina: "Las indemnizaciones por los daños en el campo leonés suman este año 12 millones"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, responde a las preguntas de La Nueva Crónica y analiza los problemas a los que se enfrenta el campo leonés, como la sequía o la situación del sector lácteo. Analiza además el proceso de modernización de los regadíos y descarta además que la CHD financie el ‘corredor verde’ que el Ayuntamiento de León había solicitado para el Bernesga.

– En la contratación de seguros, ¿trabaja el Mapama en medidas para agilizar el pago de la subvención o para reducir el importe de las pólizas, de forma que el tomador no tenga que adelantar los importes y no pierda liquidez?
– La política de seguros agrarios de España es un referente para toda la Unión Europea. Es la manera más eficaz de hacer frente a diferentes circunstancias adversas. El seguro es una decisión personal y privada, tomada desde la libertad, pero con el total apoyo del Ministerio. Todo mecanismo es mejorable, pero la situación actual es buena, los pagos son rápidos y el sistema, aunque en permanente revisión para adaptarse mejor a las necesidades de nuestro sector primario, está funcionando. Prueba de ello es que, a fecha 22 de noviembre, el volumen total de indemnizaciones por todos los daños supera los 636 millones de euros, de los cuales ya se ha pagado alrededor del 89%. Hablamos de que en Castilla y León las indemnizaciones alcanzan los 203 millones de euros, 12 millones solo en la provincia de León; y el porcentaje de pagos es del 97% en la comunidad autónoma y del 92% en la provincia de León. De esa cantidad, las indemnizaciones por daños en cultivos herbáceos extensivos se llevan 159,4 millones, de los cuales 6,3 pertenecen a agricultores de León. También hay que destacar que se han reducido los plazos de pago: del máximo de 60 días tras la recolección, que establece la normativa del seguro agrario, hemos bajado a una media de 40 días. En la línea de cultivos herbáceos extensivos, el plazo ha sido de 25 días. Son datos que hablan de rapidez para evitar la pérdida de liquidez de los agricultores.

– ¿Llegarán las exenciones en el canon de regulación y en la cuota de tarifa a los regantes de León? El umbral del 50% de la dotación, si se aplica a la ocupación de los embalses les dejaría fuera. Hay mucha expectación con este tema.
– Las medidas de exención en el canon de regulación y en la cuota de tarifa entran dentro de las medidas excepcionales que se incluyen en el Real Decreto de Sequía. Una vez que ha concluido la campaña de riego, León no va a ser una excepción a la norma. Las juntas de explotación reunidas en las últimas semanas ya conocen las propuestas económicas de canon y tarifa, que están en fase de alegación. Cuando se hayan aprobado, podrán solicitarse las exenciones, estudiándose cada caso de manera individual. Estas medidas suponen una intensa ayuda a los regantes, que alcanza los ocho millones de euros en el caso de Castilla y León.

– A pesar de la creciente importancia de evitar derroches de agua, en León hay comunidades que han votado en contra de la modernización, principalmente con los votos de propietarios que no arriendan a los agricultores. ¿Es posible crear mecanismos que impulsen las modernizaciones para la actividad agraria, para el interés general?
– El Ministerio inició el proceso de modernización de regadíos en 1993. Estas actuaciones han alcanzado ya a 1.549.000 hectáreas con una inversión estimada en 3.800 millones de euros y un ahorro de agua estimado próximo a los 3.000 hectómetros cúbicos cada año. Seguiremos incentivando la modernización y el ahorro del agua, unas obras que en gran medida son financiadas por los regantes, por lo que la decisión de ejecutar la inversión se hace de acuerdo con los estatutos de la comunidad de regantes, es decir, se vota en una asamblea general y se adopta una decisión que obliga a todos sus comuneros. Por ello, no siempre el acuerdo es fácil. En todo caso, vamos a continuar impulsando la modernización de los regadíos. Y además, estoy convencida de que el proceso de modernización continuará avanzando inexorablemente. El escenario climático actual obliga a una agricultura de regadío con sistemas modernos, eficientes y competitivos.

León no es una excepción en las medidas de exención en el canon de regulación y la cuota de tarifa de riego– Respecto a los regadíos de Payuelos, una de las infraestructuras básicas para la provincia, los regantes critican el retraso, más doloroso en años como este de sequía. Recuerdan que para este año se había comprometido la encomienda de los sectores XV, XIX y XVI y que todavía no se ha realizado. ¿Hay fecha para que se encomienden estos sectores?
– En los presupuestos de 2018, se adjudicarán las obras de los sectores XV y XVI. Así se dará continuidad a unos trabajos cuyo último gran hito tuvo lugar en mayo, cuando se finalizaron y recibieron las obras de la tubería de abastecimiento a los sectores XVIII, XIX y XXI, de la subzona de Payuelos, que supusieron una inversión de 6,7 millones. Las obras de los sectores XIX y XXI van a suponer una inversión de 13,2 millones y 13,7 millones respectivamente. Este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en una difícil situación presupuestaria. Teníamos una situación inicial heredada en la que se debían 170 millones a Tragsa. Se liquidó dicha deuda y a partir de ahí hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano para impulsar estas obras tan esperadas.

– El lúpulo es un cultivo importante en zonas concretas de la provincia que actualmente experimentan para introducir nuevas variedades. Entre otras mejoras, necesitan también autorización para trabajar con nuevos fitosanitarios. ¿Está el Ministerio dispuesto a facilitar estas nuevas autorizaciones?
– El pasado 4 de mayo los responsables de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria se reunieron con el sector para abordar estas cuestiones. Desde el Mapama se trabaja para incrementar la disponibilidad de instrumentos de lucha fitosanitaria para todos los sectores, incluido el lúpulo. Es importante destacar que el trabajo del Mapama se centra en la evaluación de las solicitudes de las empresas para proceder a la autorización de las mismas, por lo que, para que haya instrumentos de lucha fitosanitaria en el mercado, es necesario que las empresas presenten las solicitudes y que vayan acompañadas de todos los estudios y documentación que requiere la normativa. Por otra parte, queremos aportar soluciones frente a problemáticas puntuales. El procedimiento de autorización para usos menores y la concesión de autorizaciones excepcionales son dos de las vías con las que cuenta el sector del lúpulo para incrementar la disponibilidad de medios de lucha fitosanitaria.

León acumula actualmente más del 10% de las explotaciones de todo el país en las que la titularidad es compartida por la mujer– Algunas organizaciones agrarias, ante el descenso de la superficie de siembra de remolacha en España en el año de la liberalización, piden ya una renegociación del AMI antes de 2020 ¿Cuál es su postura?
– Los Acuerdos Marcos Interprofesionales (AMI), constituyen un elemento característico estabilizador del sector remolachero, ya que organizan, en el ámbito nacional, las relaciones recíprocas entre los sectores agrícola e industrial, de acuerdo con la legislación española y comunitaria vigente en cada momento. Toda la producción de remolacha azucarera que se entrega a la industria en España está amparada por AMI firmados entre las organizaciones de productores (Asaja, UPA, Coag y CNECRCA (Confederación Nacional Española de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucarera) y las dos industrias azucareras autorizadas. Actualmente los AMI suscritos están vigentes hasta las campañas de comercialización 2019/2020 y por tanto cubren el periodo sin cuotas de producción desde el pasado 1 de octubre.

– Alrededor de unas 30 mujeres se han adherido a la titularidad compartida de las explotaciones. ¿Por qué no ha tenido éxito? ¿Tiene el ministerio algún plan para hacerla más atractiva?
– Creo que la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias es un auténtico hito en el marco europeo. Sólo España y la región belga de Valonia han legislado en esta materia. Sin embargo, la aplicación está siendo más lenta de lo deseable. Hay diferentes motivos posibles. En el momento de la aprobación de la ley en 2011, en un momento económico delicado, algunas explotaciones no asumir el pago de cuotas adicionales a la Seguridad Social. Además, cualquier novedad normativa requiere una difusión amplia y eficaz, y en algunos ámbitos la aprobación de la ley no llegó a calar, por lo que consideramos crucial seguir trabajando en la publicidad y asesoramiento sobre su contenido. Es un empeño de este Ministerio, y también un empeño personal, dar visibilidad al papel de las mujeres en el medio rural y más concretamente en el ámbito agrario para que logren una equiparación laboral con la situación de los hombres, además de una remuneración económica por su trabajo en las explotaciones familiares. Pero el hecho de reconocer el papel clave que la mujer tiene en las explotaciones agrarias, requiere un cambio socio-estructural por parte de la población rural, que en muchos casos no se alcanza rápidamente. Es necesaria una conciencia en cada casa, en cada mujer y en cada hombre, que se va adquiriendo. Por ello, confiamos en que en los próximos años veamos los efectos de esta ley al seguir aumentando el número de mujeres titulares. Con el fin de seguir impulsando los objetivos planteados por la ley, el Mapama en 2015 realizó una evaluación de la ley, en la que a través de encuestas, entrevistas y cuestionarios a los agentes implicados, se identificó una serie de elementos de mejora, como son la conveniencia de simplificar los trámites, agilizar el cruce de información entre administraciones, formación de los gestores y ampliar la difusión de la ley. Para darle continuidad a esos trabajos y mejorar cuanto sea posible del proceso asociado a las altas de las explotaciones, hemos constituido dos grupos de trabajo, en los que participan asociaciones de mujeres, organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas. Y de hecho, desde inicios de este año se ha detectado un incremento en el número de altas de titularidades compartidas. A fecha 21 de noviembre, había 331 explotaciones dadas de alta en España. Castilla y León destaca como la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones dadas de alta, con 130 explotaciones, 34 de ellas en la provincia de León. Es decir, en esta provincia hay más de un 10% del total de explotaciones de todo el país. León, junto a Toledo, son las provincias con más explotaciones dadas de alta.

El ‘paquete lácteo’ ha sido positivo, pero estudiamos la posibilidad de reabrirlo para que tenga más flexibilidad– La crisis láctea provocó el cierre de cientos de explotaciones. Ahora hay estabilidad en el sector, pero se mantiene la sensación del que el ‘paquete lácteo’ no ayudó y, sobre todo, que los precios en España no se incrementan al mismo ritmo que en otros países ¿Cuál es la opinión del Ministerio sobre este asunto? ¿Se plantean nuevas medidas?
– Efectivamente, entre 2015 y 2016, coincidiendo con la liberalización del mercado, el sector sufrió una grave crisis, que tuvo su origen en una coyuntura muy desfavorable en el mercado lácteo europeo, agravada por el cierre del mercado ruso y el descenso de las exportaciones a terceros países, unida a unos niveles de producción superiores a los de años anteriores y una reducción del consumo en el mercado interno. No obstante, independientemente de las situaciones de crisis, si analizamos los datos, vemos que la tendencia al descenso que se aprecia en el número de explotaciones sigue una dinámica idéntica a nivel mundial, europeo y estatal, consecuencia de la mejora de la eficiencia técnica y productiva de las explotaciones, que supone un descenso en el número de explotaciones que va ligada al aumento de los rendimientos, por vaca y por explotación. En el caso particular de Castilla y León, si comparamos la cifra correspondiente al número de ganaderos con entregas de leche en junio de este año (1.210) con la de junio de 2016 (1.297), observamos que se ha producido una disminución del 7% en el número de explotaciones. Este porcentaje es muy similar al registrado en España para el mismo periodo (6%). En agosto de 2016 los precios iniciaron, tanto en España como en la UE, un progresivo incremento que en el caso nacional se mantuvo hasta febrero de 2017. Es cierto que en la mayoría de países de la UE, los precios se han seguido manteniendo al alza, pero también lo es que España fue uno de los países en los que el descenso de precios durante la crisis fue menor, manteniéndose entonces en niveles superiores a la media comunitaria. Es decir, ni la caída fue tan grande, ni tampoco la recuperación lo está siendo ahora. Los precios se han mantenido en nuestro país dentro de una mayor estabilidad.

– ¿A qué atribuye esa estabilidad?
– A varios factores. El primero de ellos es el ‘paquete lácteo’. No compartimos la sensación de que el ‘paquete lácteo’ no ayudó. Al contrario, creemos que en gran medida la existencia de contratos y de organizaciones de productores con capacidad para concentrar la oferta y negociar los contratos ha tenido un efecto positivo para que la bajada de precios durante la crisis no fuera tan grave como en otros países. Sin lugar a dudas, el efecto del ‘paquete lácteo’ en España ha sido positivo y los datos son una muestra de ello. El nivel de implantación abarca a todo el sector. Concretamente el número de contratos en vigor firmados alcanza a la práctica totalidad de los ganaderos con entregas de leche en España. La segunda causa fundamental que explica el diferente comportamiento de los precios en España, en comparación con otros países es la escasa vocación de nuestra industria para la fabricación de leche en polvo y mantequilla. Esto hace que no estemos aprovechando las oportunidades del mercado mundial con los buenos precios actuales de la mantequilla, sobre todo. Nuestra industria destina casi la mitad de la producción de leche a la leche de consumo, con muy escaso valor añadido y supone una traba para trasmitir al resto de la cadena las oportunidades de negocio en los mercados mundiales. Otro elemento que no debemos olvidar es la efectividad del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad del sector lácteo, firmado hace casi dos años, que ha permitido aislar al mercado español de la volatilidad de los mercados mundiales. Así, en un contexto de aumento de producción y bajada mantenida del consumo, el acuerdo ha facilitado un mejor clima en las relaciones entre los diferentes agentes y ha servido como cauce de diálogo entre los productores, la industria y la distribución, minorando los efectos de ambos factores en el precio y contribuyendo a dar más tranquilidad al sector.

– ¿Habrá nuevas medidas?
– Ahora mismo estamos analizando la posibilidad de modificar la normativa nacional y reabrir el ‘paquete lácteo’ para llevar a cabo una nueva reforma que incorpore mecanismos de flexibilidad y adaptación a las casuísticas halladas. Se ha celebrado una reunión técnica con el sector y se han planteado temas clave como el refuerzo de la negociación colectiva de las Opas.