García Tejerina: "El ‘corredor verde’ del Bernesga no se ajusta a las actuaciones de CHD"

– ¿Hay posibilidad de que el Ministerio atienda la petición que hizo en abril el alcalde de León para que el Ministerio financie un ‘corredor verde’ a lo largo del río Bernesga en la ciudad en una obra vinculada al programa de riberas?
– El compromiso del Ministerio, adquirido en ese encuentro del pasado mes de abril con el alcalde, es eliminar determinados azudes en el río Bernesga a su paso por la ciudad de León, puesto que el proyecto integral que planteaba el Ayuntamiento no entra en la línea de actuaciones que actualmente puede acometer la Confederación Hidrográfica del Duero. El Ministerio, a través de la CHD, procedió a la demolición y retirada de tres azudes en el río Bernesga a su paso por León, que se encontraban sin uso alguno y en estado de ruina. Se trataba de restaurar la continuidad longitudinal del cauce y evitar el riesgo de rotura de sus elementos ante eventuales avenidas. Estas obras permitirán que León vuelva a mirar al río, aprovechando su cauce para el ocio y como espacio urbano. La CHD, me consta, ha hecho todo lo que estaba en sus manos para avanzar con esta recuperación de la zona.

– La brecha digital no se cierra y continuamente llegan quejas de los alcaldes de municipios rurales sobre la falta de servicios. En el Parque Regional de Picos de Europa, los operadores han estado instalando fibra sin dejar enganches para pueblos de menor tamaño, bajo la premisa de llegar a las cabeceras de comarca y cumplir con la Unión Europea ¿Cómo se está abordando desde el Ministerio los problemas de la brecha digital? ¿Es posible colaborar eficazmente con los operadores para mejorar el acceso en los pueblos?
– Es sin duda objetivo de este Gobierno eliminar la brecha digital. Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó un programa de ayudas para subvencionar servicios de banda ancha fija de alta velocidad, para poblaciones rurales. Se trata de que el mayor número posible de ciudadanos tengan acceso a internet fijo a alta velocidad. Y es que hay un 10% de la población que aún no tiene cobertura de 10 megas por segundo; y, de ese 10%, el 70% están situados en núcleos de población de menos de cinco mil habitantes. La medida está dirigida a aquellos usuarios residentes en las zonas que aún no disponen de cobertura de 10 megabits por segundo. Se estima que esta carencia de cobertura afecta a un 10% de la población (1.852.156 hogares), de los cuales el 70% están situados en entidades de población con menos de cinco mil habitantes. Considero que la digitalización de la agricultura y del medio rural en general es esencial para frenar el despoblamiento y propiciar en rejuvenecimiento del campo. Por eso, el Gobierno hará más esfuerzos para incidir en esta inclusión de nuestro campo en las nuevas tecnologías. Estamos convencidos de que es clave para muchas cosas; por ejemplo, para potenciar el retorno al campo de los jóvenes que han acudido al medio urbano para formarse, para que apliquen esos nuevos conocimientos al medio rural, desarrollando así nuevas oportunidades de negocio. Este Gobierno apuesta por el medio rural y va a seguir haciéndolo. Y este Ministerio específicamente. Dentro de la Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural planteada este verano, destacan medidas en materia de innovación y digitalización. Se está impulsando la Asociación Europea para la Innovación, a través de ayudas para creación de Grupos operativos y de proyectos innovadores en este ámbito. También estamos trabajando en el ámbito europeo para el impulso de las denominadas ‘Smart Villages’: pueblos y ciudades del medio rural en el que la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sea una realidad que mejore definitivamente la calidad de vida de los ciudadanos. También estamos realizando un análisis del papel de las TIC en el medio rural y propiciando el intercambio de buenas prácticas.

Digámoslo alto y claro: No existe relación alguna entre recalificaciones e incendios, puesto que la ley no lo avala, de hecho, lo persigue en su artículo 50– Tras el incendio en Doñana han surgido voces críticas con la Ley de Montes. En León, los incendios forestales son un problema acuciante. La mayor parte son intencionados, pero muy pocos concluyen en condenas ¿A qué se debe, desde el punto de vista del ministerio, esta situación? ¿Cómo ha evolucionado la cuestión desde el endurecimiento del Código Penal en 2015?
– En realidad, tras el incendio de Moguer, fueron las propias organizaciones ecologistas las que negaron la relación con la ley de Montes. No hay ninguna relación entre recalificaciones e incendios. Digámoslo alto y claro: no hay recalificaciones por incendios, ni incendios para recalificaciones. La especulación no es causa del origen de ningún incendio. Porque además la ley no lo avala, de hecho lo persigue en su artículo 50. No es fácil descubrir a los responsables de los fuegos, aunque la labor del Seprona y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es impecable y cada vez hay mejores resultados. Hay que recordar que, en la legislatura anterior, se aumentaron las penas por incendios, se eliminó el jurado popular en estos casos… Penalmente, se ha avanzado. Ahora estamos trabajando en acciones de comunicación y concienciación. Necesitamos tolerancia cero respecto a los incendiarios, una mayor colaboración en el entorno a la hora de descubrir a los que incendian el monte. Hemos mejorado en la concienciación a la hora de extremar las precauciones que eviten los incendios por descuidos, los involuntarios; ahora toca concienciarse para denunciar a quienes los provocan voluntariamente.

– ¿Cómo se pueden poner fin en los retrasos en de las comunidades autónomas, en la tramitación de expedientes y en el abono de los pagos de programas de desarrollo rural, incorporaciones, modernizaciones, etcétera?
– Les puedo asegurar que, desde el Ministerio, intentamos ser lo más rápidos y eficaces en poner a disposición de las Comunidades Autónomas los fondos que el Estado aporta a los programas de desarrollo rural de cada una (el 30% de los fondos no comunitarios). Después, la competencia de convocar las diferentes ayudas, gestionarlas, controlarlas y pagarlas corresponde a las comunidades autónomas y aquí es obvio que existen diferencias y ritmos distintos en cuanto a los calendarios que cada comunidad, en el ejercicio de sus competencias, diseña e implementa. Actualmente, el programa de desarrollo rural de Castilla y León tiene convocada en esta anualidad 2017 algunas de las principales líneas de ayuda que afectan a medidas como las inversiones o las medidas forestales, con una dotación económica muy importante en el conjunto del programa.