Fracaso autonómico

Por mucho que nos argumenten sobre la bondad de la descentralización de un estado moderno no cabe duda que el todavía vivo y preocupante problema del taxi en España, sólo por poner un ejemplo, demuestra que si el gobierno central declina el deber que supone aclarar y legislar para evitar confusionismo todo es posible en este valle de lágrimas hispano.

El colectivo del taxi puede, como es lógico y democrático en un estado de derecho, reivindicar la solución de sus problemas, siempre que utilice las vías adecuadas y no la algarada y la lesión de los derechos de los demás ciudadanos.

Se han preguntado esos taxistas de la revolución de la Castellana madrileña o de la Gran Vía barcelonesa si los ciudadanos normales expusieran sus derechos de protesta acampando en las vías públicas que utilizan ellos, las consecuencias que tendrían en su trabajo diario.

En este conflicto el diálogo brilla por su ausencia, la descalificación ha tomado carta de naturaleza, la actuación del gobierno central está ausente, los gobiernos autonómicos se encuentran con la patata caliente y los ayuntamientos miran para otra parte.

El festival de desastre autonómico ya comenzó hace tiempo con el desbarajuste catalán, el deterioro mallorquín, el desgaste valenciano y el derroche de dinero que se lleva el país vasco que juega sus cartas cada mejor, sobre todo cuando tienen en el poder central gobiernos en minoría que dependen de su voto para conseguir acuerdos.

Se imaginan los taxistas que los periodistas hicieran lo mismo porque son amenazados por la prensa digital, o los comerciantes alzaran su descontento de forma violenta ante el avance de esos grandes almacenes que le colocan al cliente en casa los productos de todo tipo casi al día siguiente de realizar la petición o las agencias de viaje que sufren lo mismo.

Porque se trata precisamente de eso. Las nuevas tecnologías están ahí y lo que hay que hacer es reciclar el sistema y adaptarse a los nuevos tiempos y no ponerle puertas al campo.

En este sector del transporte como en otros muchos, sucede que la inercia es muy poderosa, los intereses creados mucho más y las consecuencias de no adelantarse a los acontecimientos son evidentes porque ellos deberían ponerse al día, ya que los clientes de siempre lo que desean es un servicio cómodo, moderno, eficaz, con trato adecuado y de acuerdo con los tiempos que corren.

Se necesitan unos controles de tarifas y no el abuso de algunos que, basándose en el desconocimiento de los turistas, utilizan artes poco acordes con lo que dictan las normas éticas de conducta.

Creemos que el gremio del taxi sufre las consecuencias de unos dirigentes politizados, mal aconsejados y amantes de la algarada y la violencia como hemos podido comprobar en las imágenes de los destrozos y agresiones a pasajeros y vehículos de las VTC, es decir de la competencia.

Dirigentes de este movimiento del taxi han polarizado algo que a todas luces se ha desenmascarado incluso por los medios de comunicación.

Un conflicto profesional ha desembocado en una politización burda y cansina y ha deteriorado la imagen de un gremio que gozaba de popularidad.

Oponerse al progreso es un suicidio y dejar que se pudra un conflicto que compete al Gobierno su solución es algo que desemboca en la anarquía.

La España autonómica necesita gobiernos con cabeza, decididos, dialogantes y sobre todo que ejerzan la democracia convocando elecciones generales cuando les falta oxígeno para que no acudan a respirar aires viciados y contaminantes que les proporcionan formaciones políticas ajenas a los postulados que les llevan a la parálisis social.