Financiación autonómica de León

He leído las opiniones de un eurodiputado y de un ‘broker’ de bolsa sobre la financiación de una Comunidad Autónoma Leonesa. Ambas contenían inexactitudes gruesas, que las invalidan. Estas inconsistencias se evitan conociendo la financiación autonómica, que se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Pese a la aparente complejidad del cálculo, se obtienen cifras aproximadas de lo que León obtendría para la financiación autonómica, tanto en la versión uniprovincial, como en la biprovincial (con Zamora) o en la triprovincial. En cualquiera de los casos, los fondos son abrumadoramente superiores a los que la Región Leonesa percibe de la Junta de Castilla y León.

La bolsa general de recursos autonómicos parte de un fondo de suficiencia que garantiza que quedan cubiertos los servicios esenciales. Éste supone algo más del 75% de los fondos que perciben los gobiernos autonómicos. El resto son asignados mediante diferentes criterios: dispersión, extensión territorial, población de alta incidencia sanitaria, población en escolaridad, etc. Extrapolado cuánto supondría el presupuesto leonés en el singular escenario de cada una de las autonomías existentes y similares, el resultado arroja para 2019 un abanico entre 1800 millones y 2200 para la provincia de León. En cambio, la Junta provincializó menos de 1200 millones. Proporcional diferencia se repite en Zamora y en Salamanca.

Las autonomías son financiadas sobre todo por criterios de compensación. Por otra parte, disponen de más fondos públicos que cualquier otra institución, por lo que pueden condenar al subdesarrollo a un territorio. Es el parasitismo que experimentamos en la Región Leonesa, que adolece de una subfinanciación autonómica brutal.

Las autonomías se sirven de personas para proporcionar los servicios públicos. Sus trabajadores son una pieza fundamental en la redistribución de la riqueza en el país. Sus salarios, oficinas, hospitales y colegios permean la riqueza por todo el territorio. Por eso, ningún gran organismo público tiene siquiera un 15% del dinero dedicado a inversiones. Los médicos, maestros, jueces, policías o inspectores son el núcleo de la redistribución de esa enorme bolsa común.

A través de ese gasto público y su reparto sobre los territorios aumenta el consumo, se incrementan los flujos monetarios, mejoran las ventas de las empresas, ascienden los salarios y crece la tributación en cada lugar. Así, son imprescindibles el presupuesto, las normas y el poder de la Autonomía Leonesa, un objetivo de interés general para el noroeste y para el reequilibrio de los ejes económicos de España.