Fi-USO pide al Gobierno medidas sociales para las cuencas mineras

Representantes sindicales de la Federación de Industria de USO (Fi-USO) mantuvieron este martes una nueva reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica. Durante la reunión, los representantes sindicales comunicaron al Ministerio "nuestra profunda decepción por la decisión del Consejo de Ministros del viernes 5 de octubre de suprimir el céntimo verde al gas, lo que supone problemas añadidos a la posibilidad de que el carbón entre en el mix". Ante esta decisión, indican, cualquier otra que conlleve flexibilidad en la devolución de ayudas a las empresas que quieran continuar su viabilidad más allá de 2019, "poco puede hacer para amortiguar la situación de ruina a la que lleva al sector está medida". Por lo tanto, consideran que de manera responsable han de "tomar medidas de tipo social que consigan de manera efectiva paliar la problemática social que se está produciendo en las cuencas y que se puede agudizar con posterioridad a esta medida ministerial".

Desde USO volvieron a recordar que a día de hoy hay trabajadores de empresas en concurso que llevan nueve meses sin cobrar –caso de AsturLeonesa– o empresas que ante la falta de venta de carbón han planteado ERE para su plantilla ante la imposibilidad de seguir financiando el cierre de su unidad productiva –caso de la Hullera Vasco Leonesa–. Asimismo, han planteado "ayudas sociales más allá de 2019 sin posibilidad de proyectar la edad, las hace inaccesibles en estos casos".

Piden al Gobierno que sea igual de exigente a la hora de aplicar las ayudas por costes excepcionales Por otro lado, indicaron que de la misma manera que el Gobierno es exigente con la devolución de ayudas, "le exigimos que sean igual de condescendientes a la hora de aplicar las ayudas por costes excepcionales del artículo 4 de la decisión 787. Una decisión que, señalan, permite llevarlas hasta el año 2027". Para que las ayudas de tipo social sean efectivas, entienden que "se requiere de la proyección de la edad (50 años) como se ha hecho en 2017 y 2018, pero en este caso sería fundamental necesario proyectarlo hasta 2027 en particular a las empresas en liquidación que no pueden optar a las otras ayudas por costes excepcionales al cierre". Además, apuntan que el resto de ayudas para restaurar espacios afectados, cierre de unidades de producción "requieren de partidas económicos efectivas que durante el transcurso de estos años no se han practicado".

Desde USO continúan indicando que el pasado 5 de octubre presentaron un documento jurídico avalando la legalidad de la afectación del plan social para los trabajadores de otras empresas que hasta la fecha no han podido beneficiarse de las ayudas para trabajadores del sector. "No entendemos que se queden fuera de las mismas, más aún cuando se está tramitando una PL a propuesta del partido en el poder y cumplen los requisitos establecidos para poderse beneficiar". Por eso, esperan que "de una vez por todas se acabe con este agravio". Defienden que la interpretación del artículo 4 respecto a las empresas que se pueden beneficiar "ha de ser inclusiva no exclusiva , hasta la fecha se ha realizado mal criterio de las mismas. Esa no es la interpretación que se le debe dar al artículo 4 de la Decisión 787. El espíritu de la decisión es paliar los problemas de tipo social que se generen como consecuencia del cierre de unidades de producción y deben de ir dirigidos a los trabajadores que las sufren".

Finalmente, apuntan que debido a las dificultades que se le están poniendo a la actividad industrial en los territorios, «necesitamos ahora más que nunca inversiones efectivas que creen tejido industrial avaladas por la Sepi. En este sentido, concluyen «en el caso de León serían necesarios cuatro proyectos como mínimo, uno para la montaña central, otro para el Valle de Laciana y otro para la comarca de Cistierna, en el caso asturiano, uno al menos para el suroccidente en la zona de Cerredo".