Asegura García que el Ayuntamiento de Ponferrada tiene el ratio más bajo de empleados por habitante debido a que, basándose en el Plan de Ajuste dejó de contratar, algo que considera que no era del todo cierto. García considera que estas plazas deberían ser un complemento de las consolidaciones de las mismas y también tendrían que ir acompañadas de una bolsa de empleo que pudiera actuar en casos de bajas y de vacaciones «en el caso de los bomberos vino muy bien», apunta.
Además de esa carencia, considera que hay que remangarse para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, en la que se invirtieron 180.000 euros en el gobierno anterior al de Gloria Fernández Merayo, pero que finalmente ha quedado sobre la mesa. Eso solucionaría uno de los grandes problemas que apunta que tiene el Consistorio y por el que advierte que algunos trabajadores denunciarán al Ayuntamiento «y algún técnico podría acabar en Fiscalía» por irregularidades en ciertos documentos, y es el pago de la productividad. El reconocimiento del mismo, por seis meses prorrogables, se ha concedido en ocasiones de manera arbitraria y supone un grave problema entre los compañeros del Consistorio.
García apunta que, como tercera necesidad, se debería aprobar el acuerdo marco con el fin de «recuperar derechos que hemos ido perdiendo». Es la apuesta que lanza ante las elecciones sindicales que se preparan para este 6 de junio, tanto para funcionarios como para personal laboral y que comienzan, en el primer caso, con problemas «porque hemos impugnado la lista de UGT», advierte.
Un defecto en la misma, porque no estaba sellada parte de la candidatura de 13 miembros al presentarse a la mesa «una de las hojas no tenía sello y a una de ellas sospechamos que se añadió una nota a posteriori diciendo que se había presentado en plazo. La otra no estaba sellada y no podemos garantizar que se presentara en plazo», argumenta. La mesa del Ayuntamiento no aceptó la impugnación y ahora irá a laudo «y llegaremos al contencioso», augura, aunque las elecciones mantengan su fecha.
Hasta ahora el comité de empresa tiene 9 miembros 7 de ellos de CCOO y uno del CSIF.
En la Junta de Personalson 13 miembros repartidos en 4 del CSIF, 2 del sindicato de policías, 1 de UGT y 6 de CCOO.
Piden que lo pactado se lleve a cabo
«No es negociable lo que ya hemos cerrado y el gobierno que venga tiene que respetarlo»,advierte García en referencia a lo negociado con la concejala Amparo Vidal que, tras dimitir de su cargo, fue relevada por Ricardo Miranda.
García reconoce que estos cuatro años han sido «oscuros» en cuanto a la gestión laboral de la regidora dentro de la casa, pero sí reconoce, sobre todo, el trabajo de Vidal. Eso permitió conseguir cosas importantes que exigirá que comiencen a ponerse en marcha.
La promoción para 140 trabajadores es una de ellos, además de la jornada de 35 horas semanaleso que las incapacidades temporales se cobren desde el primer día. Se consiguieron más días de permiso, bolsas de trabajo para todas las secciones en las que se pudiera. «Ya teníamos pactado por dónde iban los complementos específicos, que aumentaban», mejoras sociales y que las productividades tuvieran un reglamento. También se fijó una puntuación de pruebas no arbitraria.
Esos compromisos siguen latiendo, dice el delegado sindical, y serán solicitados por los funcionarios después de las elecciones sindicales.
Ahora esperan que se consolide «un gobierno estable» que facilite esa puesta en marcha.