Ya en la sala de vistas, el empresario minero prestó declaración y aseguró no ser responsable de nada en este asunto. «No sé por qué no están aquí el director general, el director facultativo, ni el director de planificación, que era quien desarrollaba los proyectos, que son los que tienen que estar imputados si hubiera algo, que yo no sé si lo hay, y tampoco está el administrador a partir de 2009, cuando yo dejé el puesto, aseguró Victorino Alonso, quien afirmó a continuación: «Todo lo que puedo contar de Nueva Julia es lo que leí y pregunté en 2011 para declarar ante el Juzgado de Villablino».
Alonso explicó, preguntado por la Fiscalía sobre la presunta falta de restauración de más de un centenar de hectáreas, que «una explotación a cielo abierto consiste en un hueco inicial que se auto rellena y auto restaura anualmente», así que «imagino que en el momento en que se paró la tarea, llevaba el índice de restauración habitual es estas cortas y el aprobado por la Junta de Castilla y León».
El fiscal solicita además una pena de ocho años de cárcel y 30 meses de multa con 25 euros de cuota diaria a pagar«Cuando la explotación se paró, las cosas quedaron como estaban, mientras que si se hubiera seguido avanzando, el coste de la restauración sería muy pequeño, pero si se para sin acabar el proyecto todas las tierras que iban auto rellenándose quedan quietas y el presupuesto de restauración es mil vece superior». No obstante, consideró «absolutamente imposible» que la restauración tan solo se hubiera producido a una hectárea y señaló que «tiene que haber algún error».
En cualquier caso, Alonso culpó al Gobierno de España de que todas las explotaciones a cielo abierto se quedasen sin restaurar, puesto que en 2009 rompió todos los acuerdos con las empresas mineras, lo que las aboco a la extinción sin que pudieran cumplir los planes de restauración a los que tenían que hacer frente a posteriori.
En cuanto a la desviación de 15 hectáreas de la explotación, que tomó terrenos del Ayuntamiento de Villablino sin solicitar las autorizaciones correspondientes, Victorino Alonso matizó que «suponía un 3%, algo que es una insignificancia», porque «15 hectáreas en el medio de la Castellana es mucho terreno, pero en el medio rural es una superficie muy pequeña».
Por su parte, el que fuera jefe de explotación de la cantera Nueva Julia hasta el año 2010, Manuel Santamaría, detalló que su función era «dirigir las máquinas donde me mandan», pero «no decido dónde se explota o dónde no, no puedo excederme de mis funciones», ya que «por encima estaban el director facultativo, en el de la explotación y el director general».
Durante su trabajo en Nueva Julia, el acusado aseguró no haber percibido «nada raro» dentro de la actividad en una explotación «grande» en la que «conforme se iba explotando se iba restaurando». El jefe de la explotación puso de relieve que «cada un mes o dos meses acudía un actuario de la Junta a verificar las labores y nunca hubo ninguna orden de paralización», sino que «estaban muy satisfechos con los trabajos que estábamos haciendo» y «pensaban que eran unas restauraciones muy bien hechas».
Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía del Área de Ponferrada, la actividad de MSP y CMC en la zona de Nueva Julia y La Mora se desarrollaba «de manera plenamente consciente y deliberada, sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor», a lo que se sumó la utilización de terrenos del Ayuntamiento de Villablino «sin contar con autorización legal ni licencia».
El empresario minero culpa al Gobierno de que todas las explotaciones a cielo abierto se quedasen "sin restaurar"La Fiscalía sostiene que, una vez abandonada la explotación, «no se ha llevado a cabo actividad alguna de restauración ambiental en todo el conjunto de la mina a cielo abierto, ni en zonas de uso autorizado para la extracción ni en zonas de restauración ni en zonas fuera de uso de la explotación». Unos hechos constituyentes, para la Fiscalía, de «un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente» por el que se reafirmó en la solicitud de ocho años de prisión, 30 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de labores en la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por un tiempo de seis años y nueve meses.
Asimismo, se deberá proceder a la restauración completa del daño ecológico y medioambiental ocasionado por MSP y CMC en la cantera. En por eso, que en materia de responsabilidad civil, la Fiscalía fijó en 24.346.882 euros la reclamación a los acusados por los gastos de restauración de la explotación, satisfechos los mismos al 75% por el Ministerio de Industria y al 25% por la Junta.
Por su parte, el letrado de Santamaría solicitó la prescripción de los hechos en caso de que fueran constitutivos de delito, ya que «acaecieron en 2009» y su cliente «declaró por primera vez 2016, por lo que pasó el plazo para poder perseguirle en caso de que fuera constitutivo de delito».
Un agente medioambiental expulsado
Mientras, un agente medioambiental que compareció como testigo aseguróun encargado de la explotación minera de Nueva Julia le expulsó de la misma en marzo de 2009 cuando acudió a comprobar la extensión en varias hectáreas pertenecientes el Ayuntamiento de Villablino «sin autorización de ningún tipo». «Llegué a hacer las mediciones pertinentes y me empezaron a poner problemas, llegaron que no entendían a razones, con una actitud fuera de lugar y me invitaron a irme», señaló.También compareció un extrabajador de MSP y CMC que aseguró que «las órdenes eran de un director general que daba instrucciones al director planificación, quien a su vez se las daba al director facultativo de la explotación». El testigo se jubiló en diciembre de 2009 y, tal y como afirmó, hasta ese momento «no había habido ningún expediente sancionador a Nueva Julia», cuya restauración aseguró haber visto que se llevaba a cabo, para lo que «se utilizaban empresas contratas, que estaban bajo órdenes del director facultativo».