23/08/2020
 Actualizado a 23/08/2020
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El enemigo viral covid-19, además de su impacto letal y económico, ha puesto en evidencia las defensas de la sanidad pública en España.

Durante los últimos años, hemos visto a un número de gobiernos autonómicos señalar que los fondos públicos destinados a la sanidad son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. Antes de la crisis de 2008 y su retroceso presupuestario en la sanidad pública, durante el gobierno de Zapatero se convocó a todos los presidentes de las comunidades autónomas a una reunión en Madrid el 6 de septiembre de 2005. Al efecto, se nombró un grupo de análisis de gasto sanitario que incluyó a representantes de las 19 comunidades autónomas. La información procedió de las propias autonomías, a las que compete prácticamente el total del gasto público sanitario. El informe fue emitido en julio de 2005. Aunque muy valioso, llegó a algunas conclusiones altamente cuestionables.

A juicio del profesor Vicenç Navarro (‘El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias’), una de esas conclusiones consiste en asumir que en España ya se gastaba en sanidad pública prácticamente lo que habría que gastarsegún el nivel de desarrollo existente, por lo que no debería incrementarse significativamente el gasto público en sanidad. Esta conclusión fue seguida de otra, según la cual, la sanidad pública en España era de gran calidad, pues, según la Organización Mundial de la Salud es la séptima mejor del mundo.

Ninguna de estas dos conclusiones del informe, a juicio del citado profesor, resultaba avalada por los datos. Éstos indicaban que España gastaba entonces alrededor de 21.723 millones de euros menos de sanidad de lo que le correspondería por su nivel de riqueza. Puesto que el gasto público sanitario en España era de 42.626 millones de euros, tal déficit representaba que en Españatendríamos que gastarnos nada menos que un 50% más de lo que gastábamos en sanidad pública al fin de alcanzar el nivel de gasto sanitario por habitante que nos corresponde por el nivel de riqueza alcanzado (medido por el PIB por habitante). A mayor desarrollo económico ‘per cápita’, mayor gasto sanitario público. Sin embargo, los datos cuestionan tal determinismo económico. Porque el hecho de que algunos países europeos tengan gastos públicos sanitarios mayores que otros se debe primordialmente, según el profesor Navarro, a factores políticos. Aquellos países gobernados por la socialdemocracia (Suecia) tienen un gasto público sanitario por habitante mucho mayor que países como España, Grecia y Portugal, donde la fuerzas conservadores (regímenes dictatoriales o autoritarios) han gobernado durante más tiempo en ese período.

Por lo que respecta a la excelencia del sistema sanitario español, se basa en el informe deO.M.S que ha sido desacreditado por los numerosos análisis que han documentado su falta de rigor y manipulación de los datos, lo que incluso llevó al director del informe, el profesor Philip Musgrove, a dimitir como protesta por las interferencias políticas que configuraron tal informe. El profesor Navarro señala que informes más rigurosos han demostrado que, mientras la competencia del personal del sistema sanitario español y su calidad tecnológica son elevados, están a la baja las condiciones de trabajo de los profesionales, debido todo ello a la enorme escasez de recursos y efectivos.

Es como tener un ejército de muy buenos soldados, aunque tan empobrecidos en número y armamento, que corren el peligro de ser fácilmente diezmados por el enemigo.
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