Evidencia educacional

Los repuntes del covid-19 plantean el problema de la vuelta al ‘cole’ que hacen peligrar la presencialidad en las aulas. Uno de los indicadores más importantes de calidad de vida de un país es su nivel de educación. El nivel de escolarización en España mueve a la preocupación; y ello se debe a la distribución de poder en nuestra sociedad, que determina unas prioridades en el gasto público que no siempre responden a las necesidades humanas y económicas del país.

Como resultado de los cuarenta años de una dictadura, que además de ser enormemente represiva tuvo una gran insensibilidad social, España alcanzó uno de los niveles más bajos de los países desarrollados. Cuando Franco murió, nada menos que el 82% de la población tenía una escolarización menor a seis años. Naturalmente mucho se ha hecho con la llegada de la democracia. Si tenemos en cuenta la población entre 25 y 34 años, el 57% de estos jóvenes tenían más de diez años de escolarización, lo cual significa una mejora muy notable, aunque continuaba siendo insuficiente, puesto que el promedio de la OCDE para este grupo de edad es del 74%.

Esta insuficiencia aparece también cuando analizamos el gasto público en educación. El retraso era tan grande que cuando Franco murió todavía teníamos un gasto público en educación por debajo del promedio de la UE.

Otra consecuencia del bajo gasto público educativo es la gran extensión de la escuela privada alimentada por niños y jóvenes de familias burguesas, pequeña burguesía y clases profesionales de renta media alta (30-35% de la población). A pesar de que en teoría estas escuelas privadas son parte también del sistema público –parte de ellas llamadas concertadas por tener subsidio del Estado–, en la práctica no lo son, pues no son gratuitas, seleccionan alos alumnos, discriminan a los hijos de los inmigrantes y no están integradas en el sistema público.

La experiencia europea muestra que el mejor sistema educativo es el que se basa en el sistema público para todas las clases sociales. Finlandia es un buen ejemplo de ello por su sistema multiclasista que contribuye a diluir las rigideces sociales. Este fue el modelo que la II República española intento establecer en España (topando con una enorme resistencia por parte de la Iglesia católica que controlaba el sistema educativo) y que no se ha respetado en la democracia española actual, donde incluso la Constitución reproduce esa polarización educativa haciendo referencia a los tipos de escuelas –pública y privada–, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución francesa (siendo este dato, por cierto, un indicador de lo incompleta que es nuestra democracia).

El déficit de gasto público también alcanza dimensiones dramáticas en la educación universitaria, muy especial en el tercer ciclo que forma a los especialistas e investigadores, muy poco desarrollados en la universidad española. La gran inversión que se ha realizado en este nivel de educación ha sido para su expansión. El porcentaje de población estudiante universitaria (14%) ha superado incluso el promedio de la UE (10%), pero ello se ha logrado con un gasto público menor que en la mayoría de los países europeos, con lo que el gasto público por alumno universitario es de los más bajos de la OCDE.

Además de esta característica del bajo coste público, el sistema de educación superior en España se caracteriza por tener el gasto de ayudas al estudiante más bajo de la UE, lo cual explica el porcentaje tan bajo de hijos de la clase trabajadora no cualificada que realiza estudios superiores.