Estas oposiciones: ¿Oportunidad para los jóvenes?

El Gobierno, después de unos años en los que ha restringido notablemente los exámenes de oposiciones para la función pública, dice abrir la mano ahora y autorizar una histórica convocatoria encaminada a cubrir las vacantes de los servicios públicos fundamentales. En verdad que vienen siendo la educación y la sanidad los sectores paganos de la crisis, es decir, de donde más fácilmente han decidido detraer fondos con los que paliar la penuria económica. Consecuencia: una provisionalidad y «recarga» de trabajo en los servicios esenciales para los españoles, con el deterioro que tal circunstancia produce. Desafortunadamente, el «tsunami» económico que debería haber servido para reducir la mastodóntica administración que padecemos –siquiera denunciarla con datos y despachos concretos– ha quedado en agua de borrajas; es decir, valga por caso, hasta cargos de tercer o cuarto nivel siguen teniendo facultades para contar con gabinete de asesores, de protocolo y prensa, y numerosos cargos de confianza; estos últimos, por cierto, cubiertos en gran parte con la parentela política o familiar sin el menor escarnio público.

El acceso a la función pública en España, con carácter definitivo, supone para unos un esfuerzo titánico, mientras que en otros, por medio de triquiñuelas, acumulación de años, asistencia a cursos como mero trámite, bases elaboradas con premeditación, es un camino de rosas. Sería interesante, puesto a puesto, ver qué tipo de examen, de prueba, de concurso, hubieron de pasar cuantos hoy son funcionarios de las distintas administraciones. Obtendríamos así una imagen de la España real en lo que respecta al cometido público, es decir, acorde o no con el principio constitucional de la igualdad; y, en su caso, apremiada a tomar medidas de regeneración. Rodríguez Méndez, en su obra dramática Los inocentes de la Moncloa, nos presenta, en una pensión, los entresijos de la realidad funcionarial española, con un protagonista opositor (en este caso a Notarías) que suda la gota gorda ante un examen crucial para su vida, y otro que ha obtenido la plaza como regalía.

Entre las preocupaciones de los grupos políticos no parece, al menos hasta el momento, no consta el denunciar, con datos concretos, el gasto superfluo emanado, viciado con los años, de las administraciones públicas, ni la elaboración de una ley que ponga coto a la arbitrariedad y que garantice, de forma fehaciente en todo momento, el derecho real, y no camuflado, de los españoles a concurrir en igualdad de condiciones a una labor pública. Tampoco se aprecia tal desasosiego en los que se anuncian como paladines de la ‘gauche’ plutónica y chancera; de los cuales poco se puede esperar, teniendo en cuenta el historial de algunos de ellos (como el de Errejón con su beca malacitana y su mentor, hoy diputado nacional). Están enfrascados algunos de nuestros políticos en ciertas cuestiones chocantes, como leer, al presidente del Gobierno, para aludir a cuestiones legislativas, una retahíla de sinónimos propios de un chuleta pinturero; o pedir la derogación inmediata de una ley de educación sin tener otra elaborada, como si el ‘encaje’ de la oferta educativa de los centros, y su funcionamiento, fuese algo similar a sustituir una infusión por un café en la cafetería del Congreso.

Ante esta convocatoria a la función pública, que se anuncia «histórica», nuestros jóvenes, con sus recientes títulos profesionales, ¿qué oportunidades van a tener?, ¿en qué condiciones van a concurrir en ayuntamientos, autonomías y organismos estatales? ¿En igualdad o como cola de león? ¿Negociarán los sindicatos con los políticos una oferta que los tenga en cuenta, o velarán tan solo por los que provisionalmente vienen trabajando, incluso para aquellos que se presentan una, y otra, y otra vez, sin molestarse, solo para seguir incluidos en la lista de interinos? Es oprobioso el verificar, en educación, cómo con el sistema que rige en esta región (no muy diferenciado de otras) aquellos jóvenes con más conocimiento, con más dotes docentes, en las oposiciones quedan relegados y los superan (por puntuación de antigüedad, etc.) algunos cuya mayor virtud ha sido dejar pasar el tiempo a la espera de que les caiga el fruto de la higuera. Al menos hace años se convocaban unas oposiciones libres y, al tiempo, para los interinos otras restringidas (con distintas y benéficas condiciones, pues se les reservaba un gran número de plazas). Sin ser una solución ideal, podría favorecer que la función pública no se vea privada de jóvenes con gran vocación y talento.

¿Habrá, pues, en esta convocatoria alguna oportunidad para nuestros jóvenes, con sus estudios y formación recientes? «Cuán largo me lo fiáis», cierto es, pues, finalizados sus estudios, la diáspora es su condición. Pero a saber, pues en esta era de difusión promiscua e instantánea, con un simple telefonillo, es posible elevar la voz.