¿Estamos llegando al límite?

En algún sitio leí, hace bastante tiempo, que Felipe II fue el que implantó en España lo del original y tres copias para la administración.No sé si es cierto quela cosa empezara tan atrás, y más aún porque en aquellas épocas todo se hacía a mano, pero lo que sí que es verdad es que al tran tran, siglo tras siglo, la comunicación del ciudadano con la administración ha sido cada vez más, digamos, compleja.

Famoso se hizo Mariano José de Larra cuando en 1915 escribió aquello de «vuelva usted mañana», latiguillo que saltaba a la más mínima siempre que algo o alguien tenía problemas con la administración.

Y llegamos a hoy. Leo en ABC, aunque no es el único medio en que ha aparecido la noticia, que la Urbanización de Valdecañas, ha de ser derribada al completo.

Antes de seguir: ¿Qué es Valdecañas? Pues una isla en el medio del pantano del mismo nombre en la provincia de Cáceres, en la que se ha proyectado, urbanizado y parciamente construido un conjunto de vacaciones que algunos han dado en llamar «la Marbella de Madrid».

Así, a primera lectura, lo primero que se le ocurre a cualquiera es: ¡Vaya, otro desafuero urbanístico para forre de unos cuantos!

Quizás lo sea, no lo sé, pero lo que sí que sé, es que probablemente sea el ejemplo claro de hasta dónde hemos llegado con la, perdóneme el lector, ‘diarrea legislativa’ de la administración pública a todos los niveles: estatal, autonómico, provincial, municipal… de todo.

Una normativa estatal de urbanismo, con diecisiete Leyes autonómicas del Suelo, a su vez con sus correspondientes Reglamentos, que ordenan los pertinentes Planes Generales de Ordenación Urbana Municipal, que conlleva Ordenanzas Municipales, para reglar Planes Parciales (y alguna que otra figura de ordenación urbanística más) que, a su vez aprueban su propia ordenanza, que se desarrolla en Proyectos finales. Por el medio, en la tramitación de cada uno de los casos, y muy especialmente en los finales Planes Parciales, son preceptivas las consultas sectoriales que puedan ser necesarias en función de qué o dónde se hace el planeamiento. Sin contar las modificaciones que cada dos por tres se hacen de todas y cada una de las normativas anteriormente citadas. Y aún me quedo unas cuantas obligaciones y controles más.

Añadamos una Administración de Justicia esustentada en otra legislación general garantista dónde las haya… y tendremos el triste, a veces horrendo, panorama de vivir el cuento de nunca acabar, cuando no una pesadilla.

Supongo que al querido lector que haya llegado leyendo hasta aquí, y que no esté metido en el ajo de estas cosas, todo esto (si es que no lo ha sufrido ya en sus carnes), le sonará, como poco a chino, y, muy , a disculpas y trampas administrativas para volver loco al administrado.

Mientras, los funcionarios, a los que más de un palo yo mismo he dado, y dada esa diarrea legislativa, se pueden volver armario tratando de informartodas ‘esas cosas’ que hay que cumplir, o, a veces, sortear, según ellos mismos muchas veces me han dicho (según en el propio artículo de ABC ha habido planeamientos que han tenido que pasar por 58 (cincuenta y ocho) informes sectoriales, con lo que eso supone de tramitación, tiempo y, eso es lo más grave, el riesgo de que si falta alguno, el Supremo luego te lo tumbe todo.

Pero volvamos a Valdecañas.

El Tribunal Supremo no se ha andado con chiquitas: hay que derribarlo TODO en aplicación de los diversos elementos jurídicos que citan en la sentencia, entre los que se encuentran, según se lee, no haber cumplimentado no sé qué informe o procedimiento. Esto hace que todo sea nulo de pleno derecho… después de diez y ocho, DIEZ Y OCHO, años, con licencia concedida y millones, muchos, invertidos.

Los ecologistas están, desde luego, muy contentos, pero que no se les nombre a los habitantes del pueblo de Valdecañas, que han visto cómo el crecimiento y desarrollo que ha tenido a la sombra de la urbanización se va al garete, y, sobre todo, a la Junta de Extremadura que ha puesto el grito en el cielo por las indemnizaciones que, a balón pasado, se le vienen encima.

Ante lo descabellado de la situación, ha sucedido algo insólito: catorce autonomías (todas menos Baleares, Canarias y Cataluña), lideradas por la de Extremadura, piden al Gobierno que tome cartas en el asunto y que organice y coordine una legislación única y de general aplicación, que elimine la inseguridad jurídica y ponga lógica en las tramitaciones. ¡Dios mío, lo nunca visto, por fin nos damos cuenta de que es mejor todos juntos que separados! .

Catorce leyes de Urbanismo y otras tantas de casi cualquier cosa que se nos ocurra, amén de toda su cola de reglamentos, órdenes y demás, no tiene pies ni cabeza.

Pero a esto hemos llegado, y posiblemente más que llegará a pesar de todo, así que, bienvenido sea este cambio de criterio autonómico, y que cunda el ejemplo, que los reinos de taifas son cosa del pasado, aunque, hoy por hoy, también lo son del presente.