Han dejado pasar la crisis tal y como se les pidió, pero creen que ya es el momento «de que se reconozcan todas estas funciones o por lo menos que se nos valoren». Y de ahí viene toda la movilización iniciada por este colectivo, que continuará defendiendo sus reivindicaciones, que pasan no sólo por mejoras salariales, porque además se quejan de que se les mete en la misma mesa sectorial que a gestores o administrativos, cuando «los intereses de unos y otros son totalmente distintos». «Lo que pedimos es una unidad propia puesto que tenemos es un estatuto total y absolutamente distinto», señala González Romo.
Y por supuesto reivindicaciones en tema salarial, ya que «yo estoy cobrando ahora lo mismo que en el 2002 o en el 2003, y cobro más trienios, etcétera, por lo tanto mi capacidad adquisitiva ha ido cayendo; y te dicen, sí, pero tenéis prestigio, pero mis hijos nunca han sabido comer prestigio, mi mujer tenía que poner comida sustancial en la mesa y vestirlos con zapatos no de prestigio».
Las funciones
Según explica Pedro María González Romo, la definición que da la ley de letrado de la Administración de Justicia es que son «funcionarios públicos, aunque con un estatuto propio y diferenciado del régimen general de la función pública; constituyen un cuerpo superior jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, y dependiente del Ministerio de Justicia; y ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, con todo lo que ello comporta y representa».Originariamente, su función ha sido la de dar fe y documentar las actuaciones judiciales, labor que con la ley notarial de 28 de mayo de 1982 atribuyó la fe pública extrajudicial a los notarios. Esa, la fe pública judicial, era su labor original, que se remonta al año 1216 y a la decretal del Papa Inocencio III, pero el listado de funciones se ha ido incrementando.
Corresponde a los letrados de la Administración de Justicia el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejan constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. Cuando se utilizan medios técnicos de grabación o reproducción, el letrado de la Administración de Justicia garantiza la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido; expiden certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan; autorizan y documentan el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales; son responsables de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley.
Más, los letrados de la Administración de Justicia ejercerán competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las comunidades autónomas con competencias transferidas, realizan el reparto y garantizan que éste se realice de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y son responsables del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
Por otra parte tienen funciones como impulsores y ordenadores del proceso. A tal efecto, dictan las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a jueces o tribunales. Estas resoluciones se denominan diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.
Y además, tienen competencias en materias de ejecución, jurisdicción voluntaria, conciliación, tramitación y mediación. Finalmente, los Letrados de la Administración de Justicia dirigen en el aspecto técnico-procesal al personal integrante de la oficina judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estimen pertinentes en el ejercicio de esta función.
Situación de la Justicia
González Romo es consciente de que hay un malestar general en la Justicia por muchas razones. «Evidentemente las crisis económicas han provocado una cantidad de demandas exorbitante, de hecho, por ejemplo los juzgados de lo Social en mis 39-40 años de profesión nunca los vi tan atascados; nos preocupábamos ya cuando íbamos señalando para seis meses y ahora un juzgado está señalando para 2020». «Eso por un lado, por otro, todo esto está provocando una tensión que no se asume y se están deteriorando las relaciones dentro de la Justicia; y luego la propaganda que tenemos dentro, la metedura de pata del Supremo nos cae a todos», añade.La solución, a su entender, pasa por la creación de más juzgados: «La gente está trabajando extraordinariamente bien, profesionalidad hay, pero la única solución sería crear nuevos tribunales».