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España en combustión

07/04/2018
 Actualizado a 07/09/2019
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Puede causar, ahora, sorpresa el hecho de que tantos problemas ‘salten’ a la actualidad. Pero los episodios continuos de la secesión por parte de los independentistas catalanes, la bochornosa humillación y agravio para con los demás españoles, por su insolidaridad, ante los nacionalistas vascos, que el Gobierno ejercita; lo que parece favoritismo, con la presidenta madrileña en la obtención de su puesto de trabajo en la Universidad Complutense, y por parte de la Universidad Rey Juan Carlos en lo que respecta al otorgamiento de un máster, todo ello no es síntoma de sucesos inmediatos, sino la constatación de que la política española, en la era democrática, arrastra antiguos vicios y dejaciones, hasta tal límite, que ha entrado en combustión. Aparte, los casos de corrupción precedentes de partidos políticos y de algún miembro de la Corona, u otros nuevos, que se van juzgando en los tribunales o se juzgarán.

En Alemania, el tribunal de Schlesvig ha estimado este jueves, en contra del criterio del fiscal, que el expresidente de la Generalidad, Puigdemont, si bien no puede ser estimado como un perseguido por sus ideas políticas, pese a que es cierto que prevaricó al servirse del dinero público para una ilegalidad, sin embargo, no puede ser considerado como el causante de una violencia extrema, capaz de doblegar al Gobierno de la nación. De esta suerte, el que este expresidente no haya sido acusado en principio –pues se verá si hay recurso– de alta traición o rebelión, pese a los cargos anteriores, dará a los secesionistas alas para poder transmitir a la opinión pública la falsedad de que no hay causa, es decir, que la justicia española es arbitraria y que la europea no ve delito grave que imputarle. Para ello cuentan con decenas de medios informativos y de asociaciones, apadrinados con cuantiosas subvenciones públicas, los cuales, bajo el paraguas de un pretendido acicate cultural, han fomentado el independentismo desde hace décadas; y, por supuesto, con el ‘manejo’ de los públicos al no aplicarles el 155.

El 23 de noviembre de 2017 el Congreso aprobaba la llamada Ley del Cupo Vasco, para el cuatrienio 2017 / 2021, que supone privilegio, para la región con la segunda renta más alta de España. Los dos grandes partidos nacionales votaron a favor, también los de índole secesionista y el conglomerado podemita. El PP se ganaba así el poder contar con los cinco votos del PNV (ahora condicionados a la suerte del secesionismo catalán) para aprobar los presupuestos, y el PSOE el confortar a los socialistas inmersos en el gobierno vasco, en detrimento de uno de sus principios, cual es la defensa de la igualdad para todos los españoles. Hasta tal punto estamos acostumbrados a ver cómo los nacionalistas (ora los peneuvistas, bien los convergentes) ‘chalanean’ con los ejecutivos nacionales minoritarios, que apenas sorprenden estos tratos de favor, y se disculpa el que los dos grandes partidos no alcancen necesarios acuerdos, por un sentido elemental de estado –cuando otras naciones como Alemania sí lo practican–. Incluso algún expresidente exige al actual un comportamiento del que él renegó.

En lo que respecta a la universidad, la transferencia de tal competencia a las autonomías y la aprobación de la LOU en 2007, que sustituyó, para el acceso del profesorado, la oposición por la acreditación, lejos de deparar resultados positivos, ha conllevado a una institución tan fundamental para el desenvolvimiento educativo, cultural y económico, a una creciente endogamia y a una intromisión política en ocasiones nociva. El espectáculo al que asistimos, por el máster otorgado a la presidenta, señora Cifuentes, por parte de la URJC, no es más que un cuadro de un bufonesco sainete, que demuestra hasta qué punto puede viciar el poder político las instituciones. Falta en España el hacer un recuento de cuántos se han servido de su cargo para ascender en su carrera profesional, ya se trate de organismos públicos, o bien otros, aunque privados, dependientes de las anteriores.

Apremian estos y otros problemas que se han ido acrecentando en España. Frente a esta implosión, el enredo para acentuarlos y obtener cosecha de votos es lo que guía la actual acción política. Sobre el señor Llarena, un juez leal a los principios constitucionales, ha recaído, por el deterioro fraguado, y día tras día, el sostenimiento de la unidad de la nación; y todo ello con un costo personal y familiar que hubieran resultado imposibles, sin tanta permisividad. Resulta ‘sorprendente’ que los tres partidos proclives a la legalidad aún no se hayan reunido para proponernos a los españoles una reforma constitucional –esta sí que es urgente–, en la que se contemple que se pueden defender ideas independentistas, pero nunca el horadar la legalidad y que ello conlleve la inmediata inhabilitación. Uno imagina la sorpresa que pueden haberse llevado unos jueces alemanes, al leer una retahíla sucesiva, prolongada, de desafíos a la Constitución española, y que los causantes de los mismos hasta puedan concurrir a la presidencia de la Generalidad. En Alemania y en otros países de la Unión no hubieran tenido ‘recorrido’ alguno.
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