España dividida e indignada

Un verdadero caos se cierne sobre nuestra querida España, se ha apoderado de la sociedad de forma preocupante y amenaza la calma y la concordia tan difícilmente lograda.

Son varios los aspectos que debemos contemplar y las señales que nos ofrece la vida diaria y la dinámica social que preocupan al ciudadano medio.

La situación se muestra crítica para unos ciudadanos preocupados por llegar a fin de mes, asolados por el paro, el pago de sus hipotecas y la falta de conciencia de aquellos que tienen la obligación de resolver las situaciones económicas y sociales y sólo ven el horizonte de su propia ambición para obtener el triunfo político y después mirar para otro lado.

Los medios de comunicación de forma reiterativa ofrecen solamente noticias de políticos que luchan por el sillón, concatenando elecciones de todo tipo, primarias de partidos políticos en descomposición por la ambición de los que quieren pisar moqueta, sin programa evidente y serio, así como las noticias de aquellos que han tomado mando en plaza en las instituciones para usarlas a su antojo y enriquecerse de forma descarada.

Las protestas van en aumento como consecuencia de un cúmulo de circunstancias, como por ejemplo de aquellos que se han visto engañados por bancos sin escrúpulos, familias desahuciadas porque los usureros quieren sus intereses de prestamistas y no pueden pagar por las cifras tan altas de los reclamos de deuda y además no tienen trabajo, el preocupante dato de una juventud sin futuro y que emigra sin remisión, los emigrantes que vienen sin orden ni concierto para deleitar las mieles, después amargas, de un país occidental y los abusos impositivos de la Hacienda y de las oficinas de hacienda de los Ayuntamientos que se financian con el sudor de unos ciudadanos que sólo viven últimamente para sufragar las veleidades de unos alcaldes y mandatarios situados en la cumbre de la locura recaudatoria y confiscatoria total.

El panorama de afectados por el afán lucrativo impositivo de la Administración es tal que los agravios de los contribuyentes son de tal dimensión que no le permiten rectificar afectada por la inacción y la inercia, mucho menos a los partidos políticos que lo único que vislumbran en el horizonte es la estadística de los escaños que van a obtener.

Algunos contribuyentes, asfixiados por el afán confiscatorio de las haciendas públicas de las ‘taifas’ españolas han decidido mostrarse a los medios públicos y acudir al amparo de los altos tribunales, ofreciendo así un escenario de ciudadanos jubilados y en activo, agredidos por juntas autonómicas y ayuntamientos, que en su afán de recaudación despojan a las personas de sus herencias bien trabajadas y honorables.

La señora Clavelina es un claro ejemplo de lo que sucede actualmente y que ya refleja el deterioro en ésta la política fiscal española. Las personas ancianas y jubiladas tienen que dedicar su tiempo libre a defenderse del ataque sin conciencia de estos administradores sin corazón que sólo piensan en el tanto por ciento que se desprende de la actuación sin ética de su gestión.

Mientras tanto, los servicios sociales tan difícilmente conseguidos se deterioran, se pierden, y poco a poco se va instalando en la sociedad un inmenso desánimo y un pesimismo que invade a sectores muy importantes sobre los que recae indudablemente el futuro de una nación.

Se puede mencionar indudablemente los casos de las múltiples estafas por una información sesgada y malintencionada, incluso por falta de información, de planes de pensiones, inversiones con trampa, engaños manifiestos en sectores inmobiliarios, corrupción que va desde el último de la fila administrativa hasta la cúpula de la pirámide sin que se realice ninguna acción de justicia ejemplar y se devuelva el dinero tomado de forma descarada.

Las instrucciones sobre la investigación de los casos y no digamos las vistas, se demoran de tal forma que algunos de los encausados han desaparecido o han cumplido edades importantes y también incluso se demuestra la falta de pruebas por una deficiente instrucción del caso o por acusaciones de oportunismo político del contrincante que no está en el sillón del poder.

Los casos se conocen a través de filtraciones que salen de los organismos oficiales a la prensa de forma que sin acusación y juicio ya se ha efectuado el juicio paralelo televisivo con el consiguiente daño moral a la reputación de las personas.

Se extiende como una mancha de aceite la creencia y la certeza de que algunos tienen patente de corso, más eficaz que los piratas y bucaneros de las Barbados y los famosos británicos que saqueaban nuestras carabelas, para hacer y deshacer con los dineros y contratos de la Administración sin que sufran sus haciendas particulares engrosadas suculentamente con las mordidas que les ha brindado el destino obtenido en la urnas y con el voto de los ingenuos ciudadanos.

Podemos seguir enumerando más hechos vergonzosos desde luego y todos ellos sangrantes.

¿No es motivo suficiente para que entre la fiscalía general del estado a saco en todos los asuntos donde se demuestra que hay un abuso manifiesto de las administraciones, principalmente, municipales?

¿No es urgente disponer de una justicia rápida, con medios eficaces, independiente de verdad, que ponga las cosas en su sitio?

Se trata de que gentes con sentido de la honestidad respondan a la llamada del voto popular y que se ponga orden en este.

Deseamos con optimismo sin límites que algún juez o fiscal intervenga en este jardín enmarañado, demostrando que en España hay separación de poderes y que la Justicia es un estamento en la que el ciudadano normal tiene su amparo.

Creemos que aquí radica todo el malestar que actualmente tienen los ciudadanos desalentados, desorientados, acogotados, rodeados por una casta de políticos que sólo sienten su cartera y su codicia.

El afán confiscatorio de las haciendas públicas para enjugar sus déficit, gastos estrambóticos y mala administración, por no decir otras cosas supuestamente inconfesables, ¿no es materia adecuada para que todos los medios de la justicia aterricen sobre los consistorios españoles y de una vez por todas arreglen este desaguisado? Sería la única opción para que el poder legislativo y ejecutivo se pusieran de acuerdo con el fin de afrontar las reformas urgentes que pide a gritos nuestra sociedad maltratada.

¿Los políticos españoles no se dan cuenta de la enorme brecha que se está abriendo entre la ciudadanía y el poder político?

En España existe un peligroso virus social cada vez más extendido y que se alimenta de varios factores: la envidia, la división, la insolidaridad, la mala educación, el abuso de poder, la falta de amor al propio país... Todo ello propiciado por elementos internos y, por supuesto, de los que nos contemplan desde fuera de nuestras fronteras con auténtico regocijo.

La crisis ha instalado en el cuerpo dolorido y enfermo de una sociedad que se dedica de forma placentera a huir los largos puentes y a solazarse en las playas tratando de olvidar esta presión insustancial y poco edificante de los que ocupan los sillones.

No hay paliativos para ellos a pesar que de vez en cuando en las tertulias televisivas y radiofónicas los periodistas del cupo político destinados a defender la dehesa de su partido argumenten a favor de estos políticos flojos, sin entidad ni conciencia de país.

Esta situación, además, se agrava por momentos con la deriva soberanista que ciertas regiones españolas, ante la debilidad del Gobierno central, se atreven a plantear con el único fin de apoderarse de la caja de recaudación y que luchan por algo que no tiene salida, ya que sólo reportará grandes disgustos y preocupaciones, como así se ha demostrado a lo largo de nuestra tortuosa Historia.

Los gobiernos españoles han sido pacatos, débiles y poco convincentes a la hora de exponer sus programas regionales, autonómicos y nacionales y no han hecho cumplir las leyes, dejando en manos solamente de la Justicia el tremendo problema independentista cuando ellos deberían haber actuado de forma solidaria con la oposición y reconducir el problema de forma sólida y definitiva.

No es posible que en tan poco tiempo los tribunales europeos hayan fallado tantas sentencias en contra de nuestras instituciones por incumplimientos de directrices de la UE y de las denuncias formuladas por agrupaciones y ciudadanos que se consideran maltratados por sus administradores.

El disgusto crece en el pueblo sin excepciones de extracción social, profesional o condición ciudadana.

Hace tiempo que no se daba tanta coincidencia en la descalificación política por parte de las personas de a pie y en cualquier momento y situación.

El actual gobierno del Partido Popular, y cualquiera que gobierne en el futuro, se lo tendría que hacer ver porque tanta incongruencia y maltrato a la ciudadanía está comprobado que no genera paz social y estabilidad, sobre todo porque las desigualdades generan apatía, odio y distanciamiento del consenso y el acuerdo que es lo que origina el progreso y la concordia.