En busca y captura uno de los acusados por la "estafa" de Orozco Building

El juicio se iba a celebrar la próxima semana en la Audiencia, pero se ha suspendido a la espera de la detención del procesado

I. Herrera
19/10/2017
 Actualizado a 18/09/2019
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Tras casi diez años esperando por una solución, los 21 afectados que denunciaron la «estafa» de Orozco Building esperaban con ansia la celebración del juicio, señalada para el próximo lunes y martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León. Pero una vez más, la fecha para la justicia se les esfuma y la vista ha sido suspendida al no localizar a uno de los dos acusados. Primero se le trató de localizar en Málaga, pero allí los juzgados informaron de que se habría trasladado a Cataluña, donde los Mossos de Escuadra tienen ya orden de busca, captura y detención contra él.

Dos eran los administradores de la empresa Orozco Building, Enrique D.S. y Rafael S.S. Este último es el que está en busca y captura. Para ellos, el fiscal solicita seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

Los compradores de aquellas viviendas promovidas por Orozco Building a día de hoy ni tienen casa ni han recuperado su dinero. Tenían que haber recibido sus viviendas en las Navidades de 2007, pero no fue ni en aquéllas ni en ninguna otra. Un total de 21 afectados interpusieron denuncia por vía penal allá por septiembre de 2008 una vez que asumieron que habían perdido el piso y sus ahorros. Sobre el edificio pesaba una orden de embargo y los administradores de la empresa se habían esfumado. «Una estafa en toda regla», comenta uno de los afectados. «Al principio, uno de los administradores al menos dio la cara –que el otro, que es el de León, ni siquiera eso– y justificaba los retrasos en que les habían denegado la cédula de la habitabilidad. Pero es que luego nos enteramos de que no habían pagado ni un sólo euro a la entidad bancaria que les había concedido un préstamo de 9.523.000 euros para la adquisición del solar y la edificación del inmueble, que no habían pagado a buena parte de los que intervinieron en el proceso de construcción, que habían puesto el edificio como aval para pedir otro crédito a otra entidad para otra empresa de la que también eran administradores y que tampoco abonaron...».

Así las cosas, los compradores, que habían aportado a través de sus contratos de arras alrededor de 11 millones de euros, empezaron a movilizarse. La sensación de estafa se había convertido en una realidad para los compradores de estas viviendas que comenzaron a emprender acciones.

La acusación particular solicita para cada uno de estos dos empresarios seis años de cárcel por cada delito de estafa y seis más por cada delito de apropiación indebida, además de 530.307 euros en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, las defensas solicitan la libre absolución de los acusados que ya durante la fase de instrucción se dijeron insolventes.
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