La semana pasada, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el anuncio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el que salió ainformación pública el estudio de impacto ambiental de Cementos Cosmos para la incineración de residuos neumáticos. Colectivos como Bierzo Aire Limpio y las marcas de garantía ya han mostrado su «total oposición» al proyecto, ante el que presentarán alegaciones por considerarlo un «riesgo elevadísimo» para la salud de los bercianos y el sector agroalimentario, algo que se niega rotundamente desde el comité de empresa.
Los trabajadores siempre han mostrado su «total apoyo» al proyecto y si bien reconocen que el sector agrícola está «en todo su derecho»de presentar alegaciones, lamentan que sus reticencias estén basadas en «percepciones personales basadas en el desconocimiento de la fábrica» y no en «aspectos técnicos» ya que reiteran que «no es un procedimiento nocivo» y 29 de las 33 cementeras de España ya valorizan porque «no modifica las emisiones».
No es la primera vez que los trabajadores salen en defensa de la fábrica. En el mes de abril, a la campaña del colectivo Bierzo Aire Limpio ‘El Bierzo no se quema’, los trabajadoresrespondieron con una recogida de firmas que con el lema ‘Sí a un desarrollo sostenible en El Bierzo. No a las mentiras de Bierzo Aire Limpio’ logró recabar casi 2.000 apoyos a través de la plataforma Change.org.
Sin respaldo judicial
Desde Bierzo Aire Limpio ya se han presentado varias denuncias contra la actividad de Cosmos. El colectivo denunció a la cementera por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, una denuncia que ilustró con dos fotografía realizadas desde el centro urbano de Ponferrada en las que se podía ver una supuesta nube oscura sobre una zona de viviendas que aseguraban que respondía a emisiones de la fábrica.
La denuncia fue desestimada primero por el juzgado de instrucción nº 6 de Ponferrada y el pasado 13 de julio también por la sección tercera de la Audiencia Provincial, que aseguró que la empresa cumple con «la normativa medioambiental y con los sistemas de medidas y control de las instalaciones».
De hecho, la propia Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado emitió un informe que negó la existencia de «indicios racionales» de la comisión de hechos que puedan ser considerados delictivos.