El virus no frena a la Justicia, que se adapta a la nueva situación

La crisis sanitaria cambia la forma de trabajar, pero no paraliza un sector que sigue sacando adelante la labor más prioritaria

Rosa Álvarez
27/03/2020
 Actualizado a 27/03/2020
Trabajos de desinfección por parte de la UME en el edificio de los Juzgados de León. | L.N.C.
Trabajos de desinfección por parte de la UME en el edificio de los Juzgados de León. | L.N.C.
El sector de la Justicia presta un servicio esencial a la sociedad, por este motivo, dentro de él empezaron a tomarse las primeras medidas antes incluso de que el 14 de marzo entrara en vigor el Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. El día 11, por ejemplo, las fiscalías de la comunidad asumían las instrucciones de la Fiscalía General del Estado de adoptar medidas como la implantación del teletrabajo, la suspensión de las reuniones de la Junta de Fiscales y de las inspecciones a cárceles u otros centros que no fueran estrictamente imprescindibles. El objetivo: «asegurar el cumplimiento del servicio público y de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal, así como la salud de los componentes de la carrera fiscal y de la ciudadanía».

Apenas un par de días más tarde el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, lanzaba otro importante anuncio. Se suspendían de forma cautelar todas las actuaciones y plazos judiciales ante «la especial situación» desencadenada por el Covid-19. Señalamientos, vistas y juicios eran cancelados en todo el territorio de Castilla y León. No obstante, existen servicios y funciones que ni la crisis sanitaria debe poner en riesgo y que han seguido prestándose durante todo este tiempo. Tomando, eso sí, las precauciones necesarias para evitar riesgos.

En general se entiende por esenciales aquellos que de no practicarse «pudieran causar perjuicios irreparables». Se trata, entre otros, de los servicios de guardia exclusivamente a efectos de detenidos e incidencias; las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, los levantamientos de cadáver, las entradas y registros, etc.; cualquier actuación en causa con presos o detenidos; las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores; las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria o lacelebración de juicios declarados urgentes por la ley.

Positivos y desinfección

El trabajo más prioritario sigue por lo tanto sacándose adelante, aunque ni el cambio en los modos de desempeñarlo ni las medidas adoptadas hayan evitado contratiempos. El pasado día 20, por ejemplo, el juez decano del Juzgado de León anunciaba el cierre de la Oficina del Decanato y del Servicio Común de Comunicación tras el resultado positivo en coronavirus de dos trabajadores, e informaba de que se había pedido la desinfección del edificio. Sólo dos días más tarde era la Audiencia Provincial la que echaba el cierre. La decisión se tomaba también tras el positivo en coronavirus de un juez y la existencia de otro posible caso en la Fiscalía y, hasta el martes, cuando la desinfección permitió de nuevo reabrir el Palacio de Justicia, se siguieron prestando servicios judiciales esenciales atendidos por los magistrados y funcionarios de la Audiencia, localizables para cubrir cualquier incidencia que pudiera producirse.

Colegio de Abogados

También en el Colegio de Abogados de León han seguido trabajando, aunque adaptándose a la nueva situación. Cerraron las oficinas el día 16, pero han mantenido la actividad gracias al teletrabajo y prestando atención telefónica y por correo electrónico. Su decano, Fernando Rodríguez Santocildes señala que «el Colegio, excepto la atención personal, sigue funcionando con normalidad, con la plantilla al completo», aunque la forma de trabajar haya cambiado. La gestión del Colegio continua, los expedientes se siguen tramitando, las asistencias a detenidos se prestan por videoconferencia y la centralita de guardia funciona con el desvío de llamadas, lo que evita tener que ir allí.

«Al principio tuvimos alguna pequeña incidencia, como es normal, pero en líneas generales todo está saliendo bien y esto nos está haciendo ver que existen otras formas de hacer las cosas, quese puede sacar el trabajo adelante igual», afirma Rodríguez Santocildes.

El decano del Colegio de León resalta también la «importante» labor que se está haciendo respecto a la atención «a las víctimas de violencia de género y a los detenidos en el ejercicio del derecho de defensa», así como«la buena coordinación que ha habido entre losjuzgados, la Guardia Civil y la Policía Nacional para el buen desarrollo de las asistencias a detenidos».

Acuerdo respecto a cuotas

La situación ha obligado también al Colegio a tomar otro tipo de medidas. Así, como consecuencia de la paralización de los despachos que supone una pérdida importante de ingresos por parte de los profesionales, la Junta de Gobierno del Colegio, reunida por videoconferencia el día 23, acordó suspender temporalmente el pago del recibo correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020 de los abogados y abogadas ejercientes que ya debería haberse pasado el pasado mes de febrero; asumir con cargo a fondos del Colegio y en consecuencia condonar el pago de la cuota ordinaria, cuota del Consejo General de la Abogacía Española y cuota del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, así como la cantidad correspondiente a amortización por inversiones correspondiente a marzo y, por último, aplazar el pago de las cuotas de enero y febrero y el seguro de responsabilidad civil, que se abonarán con la cuota del tercer trimestre y cuarto trimestre respectivamente.

Todo ello pensado para que esta sea una preocupación menos a la que hacer frente en una situación muy compleja.
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