El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones por la consulta del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas a devolver 4.946.788,16 euros, la totalidad de los fondos que la Generalitat destinó a la consulta ilegal del 9-N de 2014 (responderá de manera solidaria con otros ex altos cargos de la Generalitat). El expresidente catalán puede perder su casa de Barcelona, que fue embargada como fianza.

El juicio contable ha estimado las demandas interpuestas por Abogados Catalanes por la Constitución, Societat Civil Catalana y la Fiscalía y ha condenado a un total de diez personas.

Tras Artur Mas, la mayor responsabilidad contable ha recaído en Irene Rigau, exconsejera de Educación de la Generalitat, que ha sido condenada al pago de algo más de 2,8 millones de euros, correspondientes a la adquisición de los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación. Le sigue Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, que responde por un importe de 1.979.063,28 euros. Este dinero se destinó, entre otros fines, a la campaña de publicidad institucional, a la elaboración del soporte informático, al envío de propaganda y a la contratación del centro de prensa.

La cuarta mayor condena, 865.674,90 euros, ha sido para Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalitat y exconsejera de Gobernación. Entre las partidas de gastos de las que es responsable destaca el soporte informático y la compra de material para la consulta.

Por su parte, la sentencia recoge condenas de 806.403,52 para Jordi Vilajoana -secretario general del la Presidencia con Artur Mas- e Ignasi Genovés -director general de Difusión de la Generalitat, en ambos casos por la campaña de publicidad.

Lluis Bertan, subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat, responderá por casi 700.000 euros, los que costó el soporte informático para la votación ilegal, mientras que Jaume Domingo, exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat, ha sido condenado al pago de 307.962,71 euros. Esta cifra corresponde al envío de propaganda postal.

Por último, Josefina Valls y Teresa Prohias (ambas como directoras de Servicios) tendrán que abonar 81.143,73 euros por distintos conceptos. Además de reintegrar esos 4,9 millones de euros a las arcas de la Generalitat, los condenados, que recurrirán, también deben asumir los intereses y las costas del juicio contable.

El órgano fiscalizador del Estado había impuesto una fianza de 5,25 millones de euros, que se cubrieron con el patrimonio que aportaron los acusados y, principalmente, con la recaudación de fondos que llevaron a cabo las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, la denominada «caja de resistencia».

En las partidas de gasto en las que hay más de un responsable, cada uno pagará la parte proporcional, pero la sentencia los condena con responsabilidad solidaria, lo que significa que si alguno no respondiera, lo harán los demás. Si todos cumplieran, la responsabilidad contable de Artur Mas quedarían en unos dos millones de euros.

Esta sentencia sirve como aviso a los organizadores del 1-O, que podrían responder de forma contable, al margen de la vía penal.