El trampantojo de nuestro sistema

Es difícil predecir lo que nos deparará el futuro más próximo como consecuencia de este huracán al que, la naturaleza, o quien sabe quién, ha decidido someternos. Augurar una inestabilidad económica, social y política es lo menos que cualquiera de nosotros alcanza a vaticinar, pero ciertamente, asusta pensar hasta dónde va a llegar ese desequilibrio, y aún más si será lo ‘único’ que nos toque ver.

Ahora bien, hay algo que este tsunami en forma de virus que vivimos ha dejado patente en nuestra sociedad, algo que de alguna manera ya se sabía por unos, se intuía por otros y se negaba por algunos (en un afán de negar la evidencia con la intención de que así no fuera real), y nos referimos a la incompetencia, egocentrismo y arrogancia de nuestra clase política. Desde que este desastre pandémico se alojó en nuestro país hemos sido espectadores expectantes (valga la redundancia) de la permanente torpeza de nuestros políticos, que se dedican día sí, día también, a hacer una campaña política recurrente, tratando de que su color quede por encima del de al lado, pero intentando simular una postura de responsabilidad que se desvanece de un plumazo cada vez que suben a la tribuna, se enfrentan como niños de prescolar, bloquean acuerdos o proponen memeces.

Pero si ya de por si eso es grave y preocupante, lo es aún más el ser conscientes de que toda esa pandilla de improductivos servidores públicos tiene aún más poder del que aparentemente debiera de ser. Ya se sabe que el francés Montesquieu argumentó que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Pues bien, la realidad hace que nos demos cuenta que la necesaria separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que el francés señaló, y que supuestamente opera en nuestro país, sea más bien un trampantojo que una verdadera puerta dirigida a la independencia de poderes.

Si han visto las noticias de los últimos días no hace falta ser muy perspicaz para deducir en concreto a lo que nos estamos refiriendo. En efecto, nos referimos al Consejo General del Poder Judicial, ese órgano constitucional, colegiado, autónomo, que integrado por jueces y otros juristas ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos, sin embargo, la realidad hace que no parezca tan independiente, cuando su renovación de cargos lleva tiempo bloqueada, como consecuencia de la petulancia de nuestra clase política.

Si quiera por aquello de que «la mujer del César además de serlo tiene que parecerlo», me cuesta creer cómo muestran su descaro absoluto nuestros insignes dirigentes a la hora de renovar ese órgano que tan independiente y autónomo se presupone.

Es evidente que, si hay una dirección en la que deba avanzar la Justicia en España es hacia la despolitización, y ello pasaría por una modificación de la LOPJ, pero no en el sentido que pretenden algunos, sino que lleve precisamente a un sistema libre de políticos en la elección de Vocales del CGPJ. En la actualidad, el artículo 122.3 CE establece que son necesarios los votos favorables de tres quintos del Congreso de los Diputados y la misma mayoría cualificada en el Senado para la designación de los Vocales, lo que nos ha llevado a la situación actual, en la que «ni un pasito pa’lante ni una pasito pa’atrás».

Ante esta triste y dolorosa realidad, un colectivo de juristas integrado por abogados, profesores de Derecho, jueces y magistrados así como funcionarios de la Administración de Justicia han suscrito un ‘Manifiesto por la Democracia y la Independencia del Poder Judicial’, en el que sostienen que no puede existir un Poder Judicial independiente «si su órgano gobierno –el Consejo General del Poder Judicial– carece de la necesaria neutralidad, y apariencia de neutralidad, por responder a una mayoría parlamentaria partidista», tal como sucede, en opinión de los impulsores y también de esta servidora, con el sistema actual de designación parlamentaria de los 12 vocales del turno judicial. Y, por ello, abogan por retornar a la elección directa de esos vocales por los propios miembros de la Carrera Judicial.

Por tanto, señores políticos españoles, dejen de buscar su beneficio político y personal y aboguen por una política de calidad en la que la pirámide de prioridades venga marcada por un bien común. Gobiernen por y para la ciudadanía, por y para el cumplimiento de nuestros pilares sociales, y reflexionen urgentemente sobre la situación actual en general y la del poder judicial en particular. Acuerden de una vez por todas, la renovación del CGPJ, y luego, cambien la Ley para convertir esa independencia de poderes en una realidad palpable.