El Supremo rebaja la condena a Urdangarin a cinco años y diez meses de prisión

La Sala II del Tribunal Supremo ha despejado la gran incógnita: salvo que la Audiencia de Palma decida no ejecutar la sentencia ante los posibles recursos que aún le quedan, Iñaki Urdangarin deberá ingresa en prisión al haber sido condenado en firme por la Sala II del Alto Tribunal a cinco años y diez meses de cárcel.

El Supremo ratifica así lo suntancial de la condena por el caso Nóos al marido de la Infanta Cristina, a quien solo rebaja cinco meses al no apreciar un delito de falsedad. El resto de la condena la mantiene igual. La Audiencia Provincial de Palma condenó al marido de la Infanta Cristina a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

El Alto Tribunal confirma que Urdangarín desvió fondos procedentes de administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares al Instituto Nóos, que el marido el marido de la Infanta Cristina controlaba junto a su socio Diego Torres para enriquecerse de manera ilícita. Para Torres el Supremo ha rebajado la condena a cinco años y ocho meses. El Tribunal entiende que en su caso no hay blanqueo, tráfico de influencias ni falsedad documental.

La inmediatez de la entrada en prisión de Urdangarin podría retrasarse si presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y los jueces deciden esperar a su resolución. Aun así, la Audiencia de Palma podría considerar necesario encarcelarlo sin esperar al fallo definitivo, ante una condena firme que supera los cinco años, la frontera que suele marcar una pena como grave.

La Fiscalía solicitó ante el Supremo que se elevara a 10 años la condena, al considerar insuficiente la condena de la Audiencia de Palma, el tribunal que enjuició el desvió de fondos públicos desde las administraciones baleares y valencianas al Instituto Nóos, controlado por Urdangarin y su socio Diego Torres.

El Ministerio Público consideraba que ambos fueron los «instigadores de la corrupción» generada en torno a los contratos firmados con Nóos en la era previa a la crisis.

La Infanta Cristina, la primera persona de la Casa Real que se ha sentado en un banquillo de los acusados, quedó absuelta de ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales atribuidos a su marido. A la Infanta solo le acusó el pseudosindicato Manos Limpias, cuyos líderes serán juzgados por coacciones y amenazas.