El Supremo pierde crédito

No está siendo una semana precisamente buena para la justicia española, o al menos para su imagen. El Tribunal Supremo se ha partido en dos y ha rectificado una sentencia por la que eran los bancos quienes tenían que pagar los gastos del impuesto sobre las hipotecas. Al paso salió, para unos con extraordinaria capacidad de respuesta, para otros con extraordinario oportunismo, el gobierno de Pedro Sánchez para anunciar que modificará la ley y que serán los bancos quienes paguen ese impuesto. También esta semana Estrasburgo sentenció que el juicio contra Arnaldo Otegui no fue precisamente imparcial. Por otro lado, se anuncia huelga de funcionarios de la justicia por la falta de medios, una huelga que en su día secundó la actual ministra de Justicia y que ahora no ve adecuada, en el enésimo ejemplo de la doble moral del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo eso por lo que tiene que ver con la política nacional (¿e internacional también?), pero en el plano más doméstico también esta semana se supo que un juzgado de Huesca no ejecutará la sentencia contra el ‘Rey del Carbón’, Victorino Alonso, porque es insolvente, mientras que la Audiencia de León le cita para enero para decidir si le condena o no a los 8 años de prisión que pide la Fiscalía por los daños causados en el cielo abierto de Nueva Julia. La separación de poderes, así como la independencia de cada uno de ellos, queda más que en entredicho con muchas de estas noticias, que contadas todas en un periodo corto de tiempo dejan la imagen de nuestra justicia por los suelos, como si los tres poderes que son pilares del Estado democrático hubieran entrado en una competición por quién es el peor visto por el ciudadano.