El Supremo obliga a la Audiencia Nacional a investigar la venta de carne no apta para el consumo

El Tribunal Supremo ha obligado a la Audiencia Nacional a asumir la investigación a una red dedicada a la venta de carne de caballo no apto para el consumo en dos mataderos de León, desmantelada en 2017 en la Operación Gazel, por considerar que los imputados en el caso integraban una organización criminal, publica ABC en su edición digital.

El Supremo ha adoptado esta decisión en un auto, dice ABC, en el que resuelve la cuestión de competencia planteada por la negativa del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a hacerse cargo de esta causa cuando se inhibió el juzgado de Ponferrada que inició la instrucción.

El alto tribunal considera que la Audiencia Nacional sí es competente porque, a la luz de la exposición razonada remitida por el juzgado de Ponferrada y el dictamen del fiscal, se «constata la existencia de un grupo organizado con el fin último de poner dentro de la cadena alimentaria humana, a nivel nacional e internacional» y «sin control sanitario alguno previa falsedad en sus documentos de identificación». Para el Supremo se trata de una actuación ilícita que se produjo «en el marco de una organización jerarquizada y con atribución de diferentes funciones de distinta responsabilidad en sus componentes, con medios idóneos para preparar y realizar dicho propósito». «Concurriendo persistencia y continuidad en las actividades del grupo, estando localizadas en distintos ámbitos geográficos», indica el dictamen, lo que, a juicio de los magistrados, sugiere, «al menos en principio una forma de organización, desde luego no improvisada ni ocasional».

La investigación se ha basado en intervenciones telefónicas, controles de vigilancia, comisiones rogatorias y registros domiciliarios y sobre equipos informáticos y ha dado como resultado que, desde 2015, en el matadero de Astorga y de Toreno se han producido «entradas de ejemplares de raza equina amparados con documentos que no corresponden con los reales de los animales y que en muchos casos no poseen ningún control sanitario en la explotación de origen». Apunta además que hubo «partidas de animales cuya procedencia, entre otros es Portugal, sin las guías preceptivas de movimiento/traslado».

La operación Gazel se inició en abril del pasado año y, en base a ella, se realizaron 65 detenciones, de las que 9 personas resultaron finalmente ingresadas en prisión.Este operativo logró desmantelar una red de comercialización europea con unos beneficios anuales de 20 millones de euros. A los detenidos se les imputan los delitos de maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal.