El servicio de asistencia jurídica en prisión recibió 1.000 consultas en su primer año

Fue en octubre de 2015 cuando cerca de una treintena de abogados de León, apoyados por la Junta de Gobierno del Colegio profesional, comenzó a prestar el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídico-Penintenciaria (SOAJP) en la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas. Una labor casi altruista que cada viernes llevan al centro penitenciario y que sólo en 2016 atendía más de un millar de consultas por parte de los internos. Según recordaba este martes el vicedecano del Colegio de Abogados, Fernando Rodríguez Santocildes, fue el órgano colegial del Señorío de Vizcaya el pionero en la creación de este servicio, ya que lo instauró en 1986 a través del Convenio que firmó con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Este servicio nacía al entender que el ingreso en prisión de una persona supone, entre otras consecuencias, su inmediato sometimiento a una legislación distinta, la penitenciaria, que reconoce al interno una serie de derechos y deberes que sustituyen, en la práctica, a los que el recluso tenía en libertad, y que deben ser objeto de idéntica protección. Sin embargo, la realidad de la población reclusa, unido a la perentoriedad de los plazos procesales y al desconocimiento del recluso acerca de sus derechos y del modo de hacerlos efectivos, hacen que esta protección en las citadas circunstancias sea muy difícil o imposible, colocando al recluso en una situación de indefensión y desigualdad. Es en estas afirmaciones en las que se basa la creación de este servicio que a finales de 2015 se ponía en marcha en León.

Faustino Barriguín, coordinador de este servicio en León junto a Santocildes, señalaba que las inquietudes más frecuentes que les plantean los reclusos en sus visitas se refieren a la consecución de copias de sentencias, expedientes penitenciarios, historias clínicas o cómo acceder a permisos o primeros grados.