El Seprona inspecciona 46 talleres en la provincia y detecta 134 infracciones

La crisis ha hecho proliferar los talleres clandestinos, aquellos que no cuentan con las licencias pertinentes para operar pecando, entre otras cosas, de atentar contra la libertad de competencia. Según las estimaciones de algunos colectivos del sector de la automoción, como Faconauto o Anfac, hay tantos talleres ilegales como oficiales. Quien más quien menos tiene algún vecino, amigo, conocido o amigo de un amigo que le cambia el aceite sin apenas coste en un garaje que bien parece un taller. Ese es el caso más claro, pero hay talleres que fueron talleres y que actualmente estarían trabajando sin la licencia preceptiva.

Todo ello, recuerdan desde el Seprona, además de constituir un fraude en el ámbito de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública suele presentar un riesgo para la seguridad medioambiental al no cumplir con la gestión adecuada de residuos, si bien es cierto que no hace falta que un taller mecánico sea clandestino para atentar contra el medio ambiente.

El Seprona de la Guardia Civil es el principal encargado de velar por que se cumplan todas las disposiciones relativas a la naturaleza o medio ambiente, a través de prevención, vigilancia y en el caso de observar alguna infracción ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente que tenga establecida la competencia sancionadora.

Según Anfac, el 20% de las reparaciones realizadas sobre vehículos son ilegales y suponen una facturación de 7 millones al añoEn el marco de estas competencias, el Seprona de la Guardia Civil ha realizado, en lo que va de este año, 46 inspecciones en la provincia de León (incluida la capital), 41 de ellas a talleres mecánicos y cinco a industrias. Fruto de esta labor han observado 134 infracciones; una por no cambiar la titularidad en la licencia de apertura, dos por contaminación atmosférica, cinco por carecer de registro industrial, ocho por no estar en posesión de licencia de actividad y, el grueso de todas ellas, 118, por incumplimientos en materia de vertidos, residuos o libros de registro sobre residuos. Apuntar que la gestión inadecuada de recursos está sancionada con cuantías de entre 900 y 300.000 euros, según la peligrosidad o no de los mismos).

Además, se han localizado 13 talleres clandestinos que no han acreditado tener la autorización administrativa en regla o que, sencillamente, nunca la obtuvieron, según explica el teniente jefe del Seprona en León, Roberto Fernández. Todas estas inspecciones las realiza el servicio de la Benemérita en colaboración con inspectores de Trabajo y de Industria.

Según explica el jefe del Seprona, en los últimos años se ha detectado la proliferación de talleres mecánicos que carecen de las pertinentes licencias y que presentan irregularidades en cuanto a la gestión de residuos, la normativa en el ámbito de la Seguridad Social o la Hacienda Pública. "Estos talleres suelen ser regentados por personas con conocimientos sobre la materia que, como consecuencia de la crisis económica, han perdido su empleo y buscan de esta forma generar ingresos", sostiene Fernández.

Esta actividad de taller ilegal, explican, suele realizarse en polígonos industriales, establecimientos tipo boxes donde los mecánicos cobran por las operaciones realizadas, en la vía pública, en talleres móviles o en garajes de sus propias viviendas.

Hay que tener en cuenta que el marco legal aplicable a los talleres de reparación de automóviles exige el cumplimiento de normativa en materia de Medio Ambiente, Industria, Trabajo, Hacienda y Consumo, además de las pertinentes licencias municipales y urbanísticas.

Estos talleres suelen ser regentados por personas con conocimientos sobre la materia que han perdido su empleo y buscan ingresosSegún un estudio de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) acerca de la estimación de la incidencia de los talleres ilegales, el 20% de las reparaciones realizadas sobre los vehículos son ilegales, bien realizadas por establecimientos clandestinos o por talleres que no cumplen con todas las exigencias legales, es decir, una de cada cinco, lo que en cifras absolutas calculan en siete millones al año en toda España. Añaden que esta facturación ilegal ascendería a mil millones de euros y que supone más del 28% de lo que ha bajado la facturación durante la crisis.

Asimismo, advierten que implica una pérdida de ingresos para la Agencia Tributaria por IVA de 230 millones de euros, y que la Seguridad Social deja de ingresar 112 millones por empleo no regularizado.

Y es que además, según un informe de la Fundación Mapfre, Castilla yLeón es la segunda comunidad por detrás de las Islas Canarias donde los vehículos presentan mayor número de ‘defectos’ técnicos, en concreto casi 8 de cada 10 (78%), es decir, que la demanda de reparaciones es muy alta y, por tanto, más ‘goloso’ el intentar obtener ingresos al margen de la ley. Entre los más frecuentes destacan aquellos relacionados con los elementos mecánicos y eléctricos del motor (niveles de aceite, correas, manguitos y estado de la batería, entre otros), ruedas y neumáticos, sistema de iluminación y otros elementos mecánicos del vehículo relacionados con el acondicionamiento exterior como los parachoques y espejos retrovisores, por ejemplo.

Según dicho informe, el parque automovilístico en España continúa registrando un deterioro notable debido a que más de la mitad de los turismos españoles (60,1%) presenta algún defecto. Del estudio se deprende, además, que estos vehículos, que tienen una antigüedad media de 13 años (casi 2 años más que en 2014) y una distancia recorrida de 145.000 kilómetros (6.400 más que hace dos años), presentan deficiencias en tres elementos clave en la seguridad: estado de las ruedas y neumáticos, sistemas de iluminación y frenos.