El extenso documento elaborado por la letrada Beatriz Llamas, registrado este martes y al que ha tenido acceso este periódico, va dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, encargado de discernir si el juez acertó o no con un fallo que trata de tumbar desde la primera hasta la última línea la parte recurrente. Para ello, acude a una amplia jurisprudencia y «disiente» claramente del juez cuando éste «señala y rectifica el veredicto del jurado» al afirmar que las acciones cometidas por la agente condenada no encuadran con la figura de cómplice, «cuando es lo que se ha probado» por el tribunal popular. Lo hizo, según recuerda el texto, al responder positivamente a cuestiones como que conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte del plan, se reunió con Montserrat y Triana minutos antes del crimen «para concretar los detalles finales», se situó en actitud de espera cerca del lugar del asesinato «recibiendo una llamada» de la hija de la autora confesa «que tenía por finalidad comprobar que estaba preparada para que ambas se encontraran» y mantuvo «oculto» el revólver utilizado para el crimen.
"El papel de la agente fue esencial y dio el impulso necesario para cometer el crimen a plena luz del día", recoge el recurso al que ha tenido acceso ABC Aunque la acusación admite que, como señaló el jurado, la aportación de Raquel no fue clave para cometer el crimen -hasta el punto de asegurar que lo hubieran realizado «otro día» igualmente-, sí mantiene que la figura de la agente «fue esencial» para dar «el impulso necesario, la fuerza y el coraje a Montserrat para disparar a plena luz del día», ya que -considera- con Raquel «el plan era prácticamente perfecto».
De «inconsecuente» califica la acusación el «error» admitido en el fallo por el propio juez al haber mencionado en las preguntas al jurado la calificación jurídica del delito al asegurar que todas las partes acordaron que cada infracción «tenía asumida unas preguntas». En este sentido, critica que si el propio presidente del tribunal enmarcó el delito de encubrimiento en tres preguntas que no llegó a contestar el jurado -porque se consideró probadas las que tenían que ver con el de asesinato- «pretenda después -con su sentencia- que los hechos probados sean enmarcados en el bloque de encubrimiento». Para esta parte, «lo técnico y riguroso» hubiera sido que el magistrado las hubiera incluido en ese capítulo antes de entregárselas al jurado, aunque de haber sido así las acusaciones hubieran «protestado» y mostrado su desacuerdo.
Por todo ello, la representante de de la hija de Carrasco no acepta «la modificación» del juez en la sentencia e insiste en que al haberse formulado el objeto del veredicto mediante preguntas en bloques -para cada acusada y para cada delito- «es incuestionable que cada miembro del jurado no tenía dudas sobré qué delito estaba respondiendo».
En su alegato, que recoge ABC, también se refiere a las instrucción que el propio magistrado presidente dio al jurado en las que les explicó qué significaba cada delito destacando que el propio juez les señaló que «el encubrimiento es el haber ocultado el revólver después de enterarse de la comisión del crimen» y en eso «todas las partes estábamos conformes». Por todo ello, «es imposible que ahora se quiera o pretenda afirmar -como ha hecho el juez en su fallo- que Raquel era encubridora conociendo previamente los planes de las otras dos condenadas».
Más "contradicciones"
Además del «señalado desajuste» del fallo ahora recurrido «con el veredicto del jurado y con las instrucciones del magistrado», otra «contradicción» que destaca la acusación es que la propia defensa de la agente solicitó una pena de ocho años de prisión por el delito de asesinato en concurso ideal -cuando el juez finalmente decretó que fueran tres por encubrimiento-. Para finalizar, y como hizo el magistrado para justificar su fallo, la acusación tira de jurisprudencia -multitud de sentencias anteriores- para tratar de demostrar que las acciones probadas que cometió Raquel Gago no pueden ser calificadas como encubrimiento y sí responden a un delito de complicidad. Además, rebate de lleno el argumento del fallo del juez en el que asegura que la «actuación» de Raquel Gago fue posterior al crimen al recordar su participación en la reunión previa y considerar que sus actos fueron claves para cometer el asesinato.
Triana, coautora y no cooperadora
En el escrito que estudiará el TSJ de Castilla y León, la acusación particular también discrepa de la condena impuesta a Triana Martínez de 17 años y seis meses como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco y exige que se le castigue con una pena mayor al considerar que fue coautora del crimen. En este sentido, en el recurso se argumenta que su actuación «tuvo un dominio funcional de la comisión del hecho» y que el jurado así lo entendió. «Fue la inductora y sin ella no hubiera habido asesinato», insiste la acusación, que también recurre a diferentes sentencias para demostrar su apreciación y recoge los hechos probados por el tribunal para recordar que «madre e hija actuaron de forma coordinada y conjunta.