El recorte de 280 millones a la Junta congelará los salarios de los funcionarios

PSOE, Podemos e IU arremeten contra el ‘chantaje’ de Montoro a las autonomías y la ciudadanía y el PP defiende que se aplica la ley

Ical
16/01/2018
 Actualizado a 16/09/2019
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reunió con los grupos parlamentarios de las Cortes. | ICAL
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reunió con los grupos parlamentarios de las Cortes. | ICAL
La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, cifró en 279,68 millones de euros el recorte de las entregas a cuenta comunicadas en julio por el departamento que dirige Cristóbal Montoro por la prórroga presupuestaria, desde los 6.480,91 millones previstos inicialmente a los 6.201,22.

Del Olmo anunció que «de momento» no tiene previsto adoptar ninguna medida porque el Ejecutivo regional no tiene problemas de liquidez y pude seguir pagando los servicios esenciales a la espera de que se aprueben los PGE.

Asimismo, confió en que si no salen adelante los presupuestos generales, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy adoptará alguna medida para que no tengan que sufrir ese recorte. Con todo, insistió en que confía en que el Gobierno «sepa buscar consensos» y que las fuerzas políticas se unan para que los presupuestos generales del Estado para 2018 salgan adelante.

Del Olmo ofreció este dato a los grupos parlamentarios de las Cortes, con los que se reunió para informales del proceso de negociación sobre el futuro modelo de financiación autonómica. La consejera destacó que esta situación se ha repetido con gobiernos de diferente color político cada vez que se han visto obligados a prorrogar sus presupuestos.

Pilar del Olmo precisó que se congelan las entregas a cuenta conforme a las partidas del año pasado y se otorga la liquidación del modelo del año 2016, con lo que sale esa cifra, que en todo caso garantiza esas partidas, que superen las del año pasado.
Del Olmo destacó que junto a la merma de las partidas comunicadas inicialmente, la prórroga presupuestaria, afecta a otros aspectos, como la subida salarial a los empleados públicos, y la convocatoria de la oferta pública de empleo.
Los grupos de la oposición de izquierdas coincidieron en arremeter contra el ministro Montoro al que acusaron de «chantajear» a las comunidades autónomas, para que presionen a los partios políticos para que cierren un acuerdo sobre las cuentas para España de este año.
El procurador del PSOE Javier Izquierdo arremetió contra el «chantaje impresentable de Montoro y el PP a las autonomías» y defendió que las entregas a cuenta comunicadas en julio sobre la previsión de recaudación de impuestos no están vinculadas a los PGE, y sólo lo estarían los fondos de garantía y suficiencia. «Montoro dice que no le da la gana enviar 279,6 millones a Castilla y León», dijo, para lamentar el «burdo chantaje a las autonomías para repartir la carga política de la negociación». Precisó que ese recorte supondrá una merma de fondos de 45 millones para los servicios públicos esenciales.

El portavoz de IU, José Sarrión, insistió en el «chantaje» de Montoro con ese recorte a las autonomías para que presionen a los partidos, así como a la ciudadanía a la que toma como «rehén», dijo. «No se puede jugar al poker con las necesidades de los ciudadanos», sentenció.

El procurador de Podemos Félix Díez tachó de «negativo» el encuentro con Del Olmo tras poner un número al recorte de las entregas a cuenta de 279 millones que «no irán a sanidad, educación o servicios sociales».

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, acusó a la oposición de una «demagogia sin límites» y recordó que la misma situación de congelación de las entregas a cuenta se ha producido por prórrogas presupuestarias en seis ocasiones, una de ellas en 2001 cuando Pedro Solbes (PSOE) era ministro de Economía. Arremetió contra el PSOE en particular, que cifró el recorte sin base en 379 millones, 100 más que el dato real.

De la Hoz defendió que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha limitado a aplicar la normativa vigente que, indicó, establece que las entregas a cuenta dependerán de las previsiones de ingresos incluidas en los presupuestos generales del Estado. «Se aplica la ley», sentenció.
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