La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, defendió sendas medidas “que tienen que ser aprobadas en el pleno del viernes”, apuntó, por una obligación para no llegar a los tribunales en el caso del agua, ni a recibir amonestaciones por parte de la UE en el de las basuras.
Defiende Fernández que no se ha querido ocultar nada “nos parece un insulto a la ciudadanía hacerlo, porque creemos que la gente no perdona nunca mentir”, dijo frente a las críticas que había anticipado el PP.
Fernández asegura que la subida del agua en un 9,7%, lo que representarán 3 euros por trimestre, es decir, 12 al año, se debe a la actualización de tasas formulada por la concesionaria Aquona, que en su contrato tiene esa potestad y que, según la concejala, amenaza con un contencioso si no se produce esa subida. Aunque requerirá la autorización también de la Comisión especial de precios de la Junta, Fernández asegura que este problema que critica la oposición viene de la privatización del servicio en 1996 por el regidor popular, Ismael Álvarez. Se privatizó el servicio por 25 años y pasó después a 38 “se hipotecó” al Ayuntamiento, afea.“Hay quien acumula deudas, hipotecando al Ayuntamiento y a los ciudadanos y quien tiene que pagarlas”, dice.
Del lado positivo, apunta que esa subida también servirá para costear la mejora de las redes que deben ser sustituidas por ser de fibrocemento “tienen muchas deficiencias y lo sabían los equipos anteriores. Pretendemos hacer un plan plurianual para resolverlo”, anunció.
En cuanto a la tasa de basura, sigue el criterio de la UE de 2018, que publicó una directiva en la que habla del control de residuos para evitar multas comunitarias.
Esa tasa irá entre 36 y 48 euros. Para unas 15.000 viviendas será de 36 euros, unos 3 euros al mes “y no supone un beneficio al Ayuntamiento”, apunta Fernández. Reconoce que el servicio funciona mal debido a “un mal contrato y tenemos el compromiso de mejorarlo con medios propios pero no podemos responder a la mala gestión anterior”.
Reconoce Fernández lo “gravoso” de la medida“pero por responsabilidad no vamos a mirar a otro lado, aunque sabemos que es impopular”. Reconoce que la situación que ha llevado a este planteamiento “es crítica y se ha generado de años anteriores sin que nadie tomara decisiones, en nuestro intento de racionalizar el Ayuntamiento tenemos que tomar medidas impopulares”. Pero también anuncia que hay línea de ayudas en el Ayuntamiento para asumir esas tasas.
Desde la bancada del PP su portavoz, Marco Morala, el primero en destapar esa subida, aseguró en la comisión que“nos han llegado infinidad de quejas contra el “tasazo”". No es un tema menor, es el futuro de algunas empresas, es la viabilidad de las que están al límite, sosteniéndose como pueden”, dijo. “Hemos votado hoy en Comisión en contra de este despropósito, porque sólo persiguen meter la mano en la cartera de los ponferradinos”, justificó.
El portavoz popular, asegura que “es una muy mala noticia que se convierte en un mal regalo de Navidad. Y es que siguen con su plan de intentar que la gente no se entere: lo tramitan el primer año de su mandato y en Navidades. Son campeones de la opacidad y luego querrán presumir de transparencia”.
Intento de bajar el IBI
Con respecto a la bajada del IBI que tocó máximos en 2018 con una revisión catastral que lo disparó en un 14,4%, Fernández asegura que Ponferrada sigue dentro de un Plan de Ajuste hasta el año 2022“que no nos permite la reducción y que nos exige una correcta financiación de tasas y precios públicos”. Asegura que la pretensión del equipo de Gobierno es congelar ese coste “y no lo vamos a incrementar en todo el mandato, aunque debería haberse hecho en un 2% anual”, dice. Con las limitaciones del plan de ajuste “nos planteamos una rebaja”, pero no podría ser hasta 2022.
Pero recuerda la situación de partida, con un plan que fue revisado en negativo en 2014 para paliar las pérdidas de explotación del TUP, que eran de1,2 millones, pese a que inicialmente eran 600.000 euros. Pero, en 2012 hubo un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de más de 5 millones de gastos al margen de obligaciones reconocidas y que pone en peligro la gestión económica financiera.
Por eso afea al PP sus críticas cuando ese Tribunal advertía que el 99,9% de gastos incurrían en vicios que podrían causar nulidad de pleno derecho porque no tenían consignación ni procedimiento de contratación.
“O se asume todo esto o no salimos del plan de ajuste. A nadie le gusta dar estas noticias", dijo.
La oposición, excepto el grupo Ciudadanos que se abstuvo, votó en contra de la medida planteada que irá a aprobación al próximo pleno.