Hasta entonces, los 53 agentes que trabajan en el servicio hoy deberán seguir cubriendo el servicio por lo que tendrán que realizar horas y la decisión es abonarlas. Para ello, se aprobó por unanimidad incrementar en 377.000 euros las gratificaciones, 100.000 euros de ellos para compensar actividades realizadas en ejercicios anteriores y 277.000 para el abono de horas de 2019, en las que entra la previsión de horas extra en procesos electorales. Pero el punto añadía el compromiso de que, si no se logran aprobar los presupuestos, se debe vincular esta partida a una modificación de crédito. Esa vinculación no gustó a Ciudadanos, cuya portavoz, Rosa Luna, consideró no estar de acuerdo con la obligación dejada a la corporación que entre.
Sin embargo, todos los partidos secundaron la aprobación de la partida para los policías, afeando que no se pusiera en marcha la Relación de Puestos de Trabajo, RPT que podría haber dado solución a este problema y también criticaron que el pleno fuera extraordinario, no cumpliendo con la fecha del ordinario, el viernes anterior. En este sentido, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo señaló a otros culpables, en concreto a la oposición por no haber secundado la aprobación presupuestaria ni el acuerdo sobre personal con los sindicatos.
Esa percepción enfadó a Ramón que quiso dejar claro que «este mandato ha sido una continua manipulación de la alcaldesa». Reconoció que la oposición al presupuesto se hizo «de manera convencida porque pedía 5 millones de crédito y 500.000 euros para pagar a determinados concejales y no se negoció con nosotros», dijo, en relación con los pagos a la anterior corporación por el trabajo realizado tras la sentencia que les obligaba a devolver sus emolumentos. Sobre el acuerdo de personal, recuerda que «tenía observaciones de intervención y no tenía informe jurídico», pero además recordó que «a la primera persona que no le gustaba ese acuerdo de personal era usted», dijo señalando a la regidora.
En este punto, el Partido Regionalista del Bierzo no quiso entrar a debatir por no haberse convocado pleno ordinario, algo que criticaron varios grupos, aunque la alcaldesa aseguró que se hacía por ahorro económico y burocrático, ya que cada pleno supone un coste de 4.000 euros, aseguró y era obligatorio realizar uno en estas fechas, no antes, como debía haber sido el ordinario, para designar presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones generales de 28 de abril de 2019.
Con respecto a la falta de RPT, Ponferrada en Común criticó que no se hubiera hecho pero fue más intenso en la crítica el portavoz de Unidad Social de Electores, Samuel Folgueral, ya que aseguró que el equipo de gobierno con el que él gobierno con anterioridad había dejado la RPT formulada para su desarrollo, algo que no se realizó. «Llegamos tarde», dijo Luna, para realizar esa RPT y eso provoca «disfunciones importantes en la plantilla del personal», abundó Folgueral, que ahora espera que se resuelva con esta medida de costear las gratificaciones «pero no es otra cosa que un paño caliente», apuntó.
El concejal de Seguridad, Carlos Fernández, reconoció la falta de personal que hace que «cueste mucho hacer cuadrantes» y cubrir eventos extraordinarios, lo que hace urgente encontrar una solución.
Quince nuevos empleos
En el pleno se procedió a aprobar además la cuantía de 244.000 euros a añadir a la de contratación de personal, que estaba en 50.000 euros más 15.000 de seguridad social, con el fin de contratar a 12 socorristas para las piscinas y a dos profesionales para el servicio de contratación (una persona licencia en derecho y un administrativo) y un informático para renovar los contenidos web.
Aunque los grupos apoyaron el punto, USE criticó la faltad e previsión de la regidora, algo que la regidora negó, asegurando que estaba contemplado en los presupuestos que la oposición rechazó. La concejala de Ciudadanos afeó que se pusiera esa excusa y señaló que este punto estaba en «sus previsiones», en referencia a Merayo, pero no en las de los presupuestos que rechazaron.
La regidora apuntó la necesidad de esas incorporaciones para suplir las necesidades de un servicio, el de contrataciones, con dos personas y 33 procedimientos «eso hace que vayamos muy retrasados», dice, y que se bloqueen otros servicios «es un elemento imprescindible de la casa», justificó. Por último, el pleno aprobó el estudio de la eliminación del paso a nivel de la línea Palencia –A Coruña, en Dehesas. Se trata de una obra que realizará Adif, pero que está en el término de Ponferrada y que se solucionará con un paso elevado, aunque USE pidió que se estudiara uno soterrado.