El PSOE considera "muy grave" que Merayo hable de amenazas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada considera que la acusación de amenazas empresariales indirectas a funcionarios municipales formulada por la regidora, Gloria Fernández Merayo, en el caso del cumplimiento de la sentencia del servicio de basuras, es «de máxima gravedad» al no aportarse pruebas al respecto y decirse alegremente «si ello ha existido, debería darse traslado a la autoridad judicial» consideran.

Los socialistas critican que la regidora pida apoyo a sus concejales sobre la resolución de la sentencia del servicio de basuras cuando «ni siquiera tiene el de su propio compañero y concejal responsable de Medio Ambiente», apuntan. Recuerdan los socialistas que «siempre hemos sostenido, desde la publicación de la sentencia que en junio de 2016 anulaba la adjudicación del contrato de la basura, que se había de explorar la vía de una posible renuncia al contrato por razones de interés público y la asunción de la gestión directa del servicio. Así se lo pidió al equipo de gobierno e incluso le trasladó argumentos jurídicos que podrían apoyar esa existencia de interés público para la renuncia al contrato».

A pesar de ello, en dos años el equipo de gobierno, «por decisión personalísima de la señora alcaldesa» no solicitó dichos informes «ni ha tomado decisión alguna para proceder a dar cumplimiento a lo ordenadopor la autoridad judicial».Por eso recuerdan que la ley marca que pasado el plazo pertinente para ejecutar la sentencia pueden imponer multas de 150 euros día y deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Advierten además que las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, según el Código Penal «incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

«Nuestro grupo habría apoyado la realización de los informes, si se hubieran realizado en un plazo razonable», advierte, pero no secundando «maniobras dilatorias llevadas a cabo por la alcaldesa para impedir su cumplimiento» y que podrían dar lugar a un delito de desobediencia. Las razones para justificar el interés público entendemos que habrían sido otras, que muy probablemente las había, pero que se deberían haber presentado en un momento muy anterior al actual».

El propio concejal de Medio Ambiente, del Partido Popular, sostiene que si vota lo que pide su propio partido, podría tener algún problema personal «si el propio concejal responsable del área se aparta de lo que propone la alcaldesa, la señora Merayo no tiene legitimación alguna para exigir el más mínimo compromiso de nuestro grupo con lo que ella propone».