En cuanto a las escuchas de las conversaciones entre el constructor encarcelado, José Luis Ulibarri y el que fuera secretario provincial del PP, Eduardo Fernández, Ramón considera que queda claro “quien pone y quien quita a los cargos en Ponferrada y en el Bierzo. Queda claro que Fernández maneja el cotarro”, dice. Y es que, en las grabaciones se habla de ediles como Ricardo Miranda o Roberto Mendo o incluso de la regidora, a la que se pretende sacar de la Alcaldía ofreciéndole un cargo en una dirección general de Valladolid.
Las pruebas, considera Ramón, hacen que no solo estén implicados ediles del equipo de gobierno sino “todo el PP está en el punto de mira”, dice. Incluso se habla de un posible candidato a la Alcaldía, Marco Antonio Morala, aunque “parece que no le gustaba a Fernández y al empresario”. Según las conversaciones, parece que Fernández era el “mediador” hacia la Junta. Pese a la grave denuncia del PSOE, Ramón asegura que no se tomarán medidas políticas porque “nosotros no pretendemos gestionar la junta local del PP, que la gestionen otros”, dice.
¿Cortina de humo?
Ramón lamenta que la regidora, Gloria Fernández Merayo, haya considerado el pleno extraordinario forzado por Ciudadanos, PSOE y Ponferrada en Común para explicar las conversaciones que aparecen en el caso con implicación en el consistorio ponferradino como una “cortina de humo”.
La regidora acusaba a la oposición de intentar ocultar su negativa a sacar los presupuestos adelante, con lo que el Ayuntamiento no podría invertir los 6 millones previstos ni los 3 a mayores que vienen de un remanente de Tesorería y que aún están en el aire.
La alcaldesa ha manifestado su intención de reunirse con la oposición para buscar apoyos y definir obras financieramente sostenibles en las que invertir ese montante, algo que debe quedar finiquitado antes de que finalice septiembre o el dinero pasará al gobierno central. Ramón ha manifestado su intención de reunirse con Merayo, pero considera que lo primero es definir la veracidad de la existencia de esos 3 millones. De todos modos, advierte que los presupuestos que pretendía aprobar el PP contaban con dos créditos “que incrementaban exponencialmente la deuda”.
De 32 millones pasaría a 37, según Ramón, puesto que las inversiones publicitadas se basaban en la solicitud de dos créditos por valor de 4 millones y algo más de 871.000 euros. Además, reconoce que ese incremento de deuda no hubiera servido para hacer obras, puesto que el plazo para ello no era suficiente.
Ramón critica que la alcaldesa diga que si no hay acuerdo en los 3 millones de remanente, estos pasarán al Ministerio de Economía y Hacienda, cuando, a lo que irán destinados “es a reducir la deuda que tenemos”, dice.