Completan las estadísticas de este balance definitivo de 2020 las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 301. Además, de 194 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos pero no incluyen el domicilio, ni la provincia.
Aumentan el número de quejas que, siendo una única reclamación, han sido presentadas por numerosos firmantes, informan desde la institución que preside Tomás Quintana.
En cuanto a la distribución por áreas de las quejas destacan las relativas a Sanidad, que fueron las más numerosas con un 35,6 por ciento del total, seguida de las reclamaciones del área de Educación con un 29,2 por ciento, Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud con un 7,49 por ciento, Empleo Público con un 6,3 por ciento, Administración Local con un 6,2 por ciento, Hacienda con un 3,4 por ciento, Medio Ambiente con un 3,3 por ciento, Fomento con un 3,1 por ciento, Industria, Comercio y Seguridad Social con un dos por ciento, Interior y Movimientos Migratorios con 1,3%,Justicia con un 0,67 por ciento, Cultura y Turismo y Deportes con un 0,77 por ciento y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con un 0,43 por ciento. Aumentan además las consultas recibidas que no han derivado en queja y que asciende a cerca de 140.
Pandemia
Este año, debido a la situación de la pandemia se ha elaborado una estadística de los expedientes relacionados directamente con el COVID-19 y que ascienden a 1.771, de las que 1.735 son a instancia de parte y 36 corresponden a actuaciones de oficio. De estas quejas destacan las relativas a Sanidad (cierre de consultorios rurales, falta de material, atención presencial), Educación (protocolos inicio del curso, jornada continua, falta de medios) y Familia que en este caso tienen que ver con las residencias de las tercera edad. En cuanto a las actuaciones de oficio en materia COVID-19, sobresalen las que atañen a la asistencia sanitaria a las personas mayores, la presencia de enfermeras en los centros educativos, la publicación de contratos COVID por parte de la Junta, la aprobación de exenciones o reducciones en el abono de tasas que genera la ocupación por las terrazas de la vía pública, los protocolos para la reapertura de parques infantiles, las ubicaciones de los mercados tradicionales, la mejora de la asistencia sanitaria en las residencias, indicaciones para el inicio del curso escolar, la devolución de tasas y pagos para actividades extraescolares y en residencias de estudiantes, entre otras.
Entre las 94 actuaciones de oficio llevadas a cabo, además de las 36 anteriormente mencionadas, destacan la preocupación del Procurador del Común por las deficiencias de internet y telefonía en el mundo rural, las listas espera tanto en Sanidad como en residencias, los problemas de las riadas en Castilla y León, la demora en la entrega de las actas de reorganización de la propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de los procesos de concentración parcelaria en Castilla y León, la situación del transporte sanitario en Ávila, los problemas de desplazamiento para las personas de las zonas rurales que deben contralar el Sintrom, la cobertura de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, el derecho a la educación de la población gitana, la conservación de los palomares, la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía, las nuevas zonas habilitadas para el baño en Castilla y León o problemas de abastecimientos de agua, entre otras.