Los populares apuestan así por la función pública como baza electoral, apuntando a premiar a un colectivo "que hizo un gran esfuerzo en el período de crisis económica para mantener la calidad de los servicios" a pesar de los recortes en materias como sanidad o educación. La proposición de ley fue registrada el pasado 21 de noviembre en las Cortes y ahora se abre un período de enmiendas por parte del resto de formaciones políticas. "Creemos que el texto puede enriquecerse con el debate y queremos que salga adelante con el mayor consenso posible", ha apuntado Pereda.
"Mayor estabilidad"
La carrera profesional que propone el PP de Castilla y León está estructurada en cuatro grados y para la promoción se requiere un tiempo mínimo de cinco años en la escala inmediatamente inferior. Los objetivos según los populares son "combatir la interinidad y dar estabilidad al empleo público". De salir adelante la medida, la comunidad sería la primera en España en reconocer la carrera profesional a todos los trabajadores públicos, puesto que engloba tanto a funcionarios, estatutarios como personal laboral.
Para ello, el PP fija en "al menos 75 millones de euros" la partida que tendrá que aparecer en los presupuestos autonómicos de 2020. El impacto sería de 95.000 trabajadores en el conjunto de Castilla y León y en León de 14.517. De ellos, 5.355 corresponderían al plano educativo, tanto público como concertado, más de 6.300 a funcionarios de sanidad y algo más de 2.500 al apartado administrativo.
Según ha explicado Pereda, se trata de un reconocimiento a "los actores principales" que hacen posible "la notable valoración que organismos independientes realizan sobre servicios esenciales como sanidad, educación o atención a la dependencia". En este sentido, la procuradora popular ha citado a informes como Pisa o DEC "que colocan a Castilla y León como referente para otras comunidades". El PP considera que, al margen de la proximidad de los comicios autonómicos y municipales, la propuesta es un cambio necesario "para hacer frente, por parte de los empleados públicos, a los retos de la tercera década del siglo XXI".