Los parlamentarios leoneses en el Congreso y en el Senado, Carmen González-Guinda, Antonio Silván y Javier Santiago, subrayan el firme compromiso de su partido con la defensa de la propiedad privada con un plan que permitiría desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años (recuperando el delito de usurpación de un bien inmueble) y la incitación a la okupación, con penas de cárcel de 3 meses a 1 año.
El PP también insta a prohibir que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y defender así la convivencia y la seguridad entre vecinos. Unas premisas plasmadas en un documento que se presenta como moción en los 7.000 municipios donde el PP tiene representación, también en los de la provincia.
En palabra de la diputada nacional, “esta propuesta pretende poner de manifiesto cómo la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un grave problema también en nuestra provincia, que vulnera el derecho constitucional a la vivienda y a la propiedad privada, y que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la integridad de personas y bienes”.
Los populares, que han iniciado también una recogida de firmas en todo el país, solicitan al gobierno de la nación que modifique la legislación, en el sentido propuesto por el Partido Popular a través de la ‘Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios’ que el pasado 1 de julio se registró para su debate en el Congreso de los Diputados.
Un centenar de denuncias en la provincia leonesa
Aunque no todos los casos de okupación ilegal son denunciados, en la provincia se han registrado más de un centenar en los últimos cinco años. La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido en España un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
Estos datos nos muestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
Esta proposición de ley introduce medidas como que los agentes de la autoridad pública podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
Los parlamentarios leoneses han destacado las palabras de Pablo Casado en las que señalaba que “la ocupación es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes, que quieren que los políticos, la policía, los jueces y los fiscales les garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda. Igual que no se puede robar un coche, no se puede ocupar una vivienda”.