Sánchez señaló que la normativa lleva tres meses aplicándose, por lo que necesita de “un margen más amplio para que despliegue todos sus efectos”. No obstante, reafirmó que “la mayoría del sector reconoce que la situación no tiene nada que ver, que se garantiza que se presta el trabajo en condiciones de mayor seguridad y dignidad y que ha cambiado mucho el esquema de equilibrio entre las relaciones de transportistas y clientes”.
La ministra aseguró que en estos momentos “se está trabajando para que no se produzca el paro”, aunque, en el caso de que sí ocurra, también se mantienen reuniones de coordinación con el Ministerio del Interior para “garantizar la seguridad de todos aquellos transportistas que quieran trabajar”, que aseguró que son “la inmensa mayoría”, así como para que “no se afecte la cadena de suministros y la actividad de puntos estratégicos como los puertos”.
En este sentido, en el caso de que finalmente sí se lleve a cabo el paro, Raquel Sánchez pidió que “no se repitan escenas como las que se vivieron en el anterior” y que resaltó que “no están justificadas de ninguna de las formas”.
Incumplimientos
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recordó que el Gobierno de España cuenta con un servicio de inspección que se complementa con los propios de las comunidades autónomas, por lo que se llevan a cabo miles de inspecciones cada año.
A ello se suma la puesta a disposición de los transportistas de un buzón de denuncias anónimas, respecto a las que Raquel Sánchez apuntó que “las relativas a los incumplimientos de la normativa que garantiza que no trabajan por encima de sus costes” en muchas ocasiones “adolecen de falta de identificación del infractor o de los costes que tiene el transportista”, lo que “dificulta la tarea”.
No obstante, la ministra quiso dejar claro que se atienden todas las denuncias que se reciben “más allá de los propios planes de inspección que se establecen de manera aleatoria”, por lo que insistió en la necesidad de que “se denuncie y se identifique al infractor”.