Dieron tiempo, pero de nada sirvió. «No ha habido ni un movimiento ni acercamiento. No se ha cumplido nada y lejos de sentarse a negociar, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, nos ha acusado de iniciar una huelga de carácter político y contra el pueblo y esto nos ha indignado muchísimo más», advirtió González. Además, afirmó que en sus declaraciones ha «confundido» los aumentos de las retribuciones como consecuencia de la subida del IPC con sus reivindicaciones. «Ha tratado de mezclar y confundir y sus declaraciones han sido desafortunadas», dijo. Por eso, este mismo martes pidieron su dimisión. Lo hicieron en Madrid, donde un grupo de letrados de la administración de Justicia de León se desplazó para participar en la manifestación organizada a nivel nacional que partió de la plaza de Callao hacia el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo y que pretendía incidir en lo mismo: en reclamar que el aumento de trabajo y de responsabilidad que han ido asumiendo en los últimos tiempos se vea compensado en sus nóminas y aseguran que no pararán hasta conseguirlo. «De este viaje a Madrid esperamos que el Ministerio tome nota, que vea que esto no es algo liviano, que lo que existe es un hartazgo por nuestra parte y que necesitamos que tiendan la mano para negociar», destacó González.
Solo lo "urgente"
En León estaban llamados a la huelga 51 letrados de toda la provincia, de todos los partidos judiciales, y consideran que su protesta afectará a un centenar de procedimientos judiciales al día, entre suspensiones de juicios, declaraciones judiciales y diligencias, vistas o conciliaciones. Además, supondrá también la paralización de las indemnizaciones, transferencias de multas y de la expedición de los mandamientos de pago. De esta manera, González incidió en que «solo funcionará lo que tiene carácter urgente y está encuadrado en los servicios mínimos, como pueden ser las causas con preso, violencia de género, etc.».Queda la duda de si esta suspensión de actividad sin un horizonte fijado podría suponer un nuevo aplazamiento del juicio por el accidente que en 2013 causó la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa (HVL), cuyo inicio está marcado para el próximo 6 de febrero, algo que González subrayó que es difícil de prever ahora mismo porque dependerá de su el letrado al frente del juicio secunda o no la huelga, dijo.
Apoyo a la medida
La respuesta a esta huelga fue en León de un 65 por ciento, situándose como la cuarta provincia de la comunidad en la que más se siguió el paro, tras Segovia, con un cien por cien, Valladolid con un 73 por ciento y Zamora con un 66 por ciento. No obstante, estas cifras –calculadas sobre el número de personas que podían secundar la huelga descontando los servicios mínimos– está lejos de la media a nivel nacional, que fue del 81 por ciento. En el resto de las provincias de Castilla y León el seguimiento fue menor y se quedó en un 47 por ciento en el caso de Burgos, en un 45 por ciento en el de Salamanca, en un 12 por ciento en Ávila y en el cero en Soria.Las peticiones
Tal y como destacaron en convocatorias de huelga anteriores, lo que piden los letrados de la administración de justicia es «el reconocimiento de una cláusula de enganche a las retribuciones de jueces y fiscales»; en segundo lugar «la reducción de los grupos de población de cinco a tres, que aseguran que beneficiaba enormemente a los compañeros de tercera», puesto que «en muchas de las ocasiones estos compañeros al ingresar en el cuerpo perciben menos salario que las personas que tienen a su cargo» y, finalmente, la publicación del reglamento orgánico que dicen que llevan «tramitando con el Ministerio y negociando todos estos meses sin que haya visto la luz».González insistió, además, en que su colectivo, el de los letrados de la administración de justicia, no tiene una negociación colectiva propia, por lo que están representados por sindicatos generalistas y todos sus beneficios laborales pasan por ellos, por las decisiones que ellos tomen.
También hizo hincapié en que lamentan «profundamente» el prejuicio que la medida que han tomado pueda suponer al ciudadano, pero «es una situación que llevamos soportando muchos años y es el momento de decir basta».