El pago de la deuda financiera no liquida las cuentas políticas

El 2018 será recordado en la Diputación de León como el año en el que se eliminó la deuda financiera. El presidente, Juan Martínez Majo, anunciaba a principios de octubre la culminación del pago de la deuda, que supone unos once millones más al año para realizar inversiones en los pueblos. Martínez Majo recordó entonces que se partía de una situación de 138,2 millones de euros de endeudamiento hace dos décadas y que esta cifra se fue reduciendo de forma progresiva hasta su amortización definitiva.

Sin embargo, pese la buena salud de sus cuentasla institución provincial ha tenido trabajo en materia financiera. En el mes de junio la Diputación recibió la autorización para elevar el techo de gasto, que se había superado por los anticipos del Plan de Cooperación Municipal (antiguos planes provinciales). La autorización obligó a la redacción y aprobación en el pleno de un plan económico-financiero, que ya rige las cuentas de la institución. Sin dejar la economía del Palacio de los Guzmanes, el equipo del Gobierno también ha recibidos algunas críticas por la gestión de los remanentes –se esperan 60 millones para este año–, que ha permitido presentar ambiciosos planes de carreteras.

 La existencia de remanentes está muy ligada con la tramitación administrativa, que el pasado año se endureció un poco más con la entrada en vigor de la nueva ley de contratación de la Administración. Pese a que buena parte de la gestión de proyectos está transferida a los propios ayuntamientos –una medida aplaudida en el pleno–, las condiciones de las licitaciones se han endurecido y los plazos prolongado.

El Real Decreto 128/2018 complica la gestión de las 1.236 juntas vecinales que existen en la provinciaOtro terremoto burocrático que sacudió el Palacio de los Guzmanes y las1.236 juntas vecinales de la provincia fue la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, que elimina la figura del vecino-secretario y obliga a que sea un funcionario de habilitación nacional —preferentemente el secretario del ayuntamiento— el que asuma sus funciones. La normativa afecta directamente al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación y exigió la colaboración de las fuerzas políticas y del Colegio de Secretarios Interventores para buscar soluciones. Una moratoria del Gobierno frenó las complicaciones, que ni mucho menos han desaparecido, sino que las entidades locales menores tendrán que avanzar progresivamente en su modernización.

Por otra parte, en el pasado año, el equipo de Gobierno también fue reduciendo de manera progresiva el número de facturas abonadas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo que también contribuye a una mayor gestión de los recursos públicos. Dentro de este capítulo, las competencias impropias que cubre la Diputación han continuado en el centro del debate en un tira y afloja cronificado entre la institución provincial y la Junta de Castilla y León.

Al margen de las cuentas y las nuevas normas, el equipo de Gobierno de la Diputación tuvo que lidiar con la polémica generada por un "procedimiento excepcional, necesario y urgente" de contratación de personal. Las críticas al proceso se referían a cuestiones como la urgencia con que fueron convocadas o la ausencia de temario, entre otros.

Las palabras de Majo sobre el máster de Cifuentes fueron recogidas por medios de comunicación nacionales y provocaron numerosas críticas de otros partidos Otra polémica que llegó a las televisiones nacionales fue la que protagonizó Martínez Majo en su valoración del caso sobre el máster de la ex presidenta de la Comunidad Madrid, Cristina Cifuentes. "Creo que nos estamos extralimitando mucho; la política ha cambiado el rasero y la vara de medir. Vale, no tiene el máster, ¿y, cuál es el problema? Es un error, no le veo la gravedad... Yo le resto importancia al tema", respondió el presidente de la Diputación a los medios en una valoración del caso durante una visita a la sede del Instituto Leonés de Cultura (ILC). Esas palabras fueron recogidas por medios de comunicación nacionales y provocaron numerosas críticas de otros partidos al también presidente del Partido Popular leonés.

También afectó al plenario provincial la Operación Enredadera. El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, fue detenido por su condición de concejal en el Ayuntamiento de San Andrés, lo que motivó su expulsión del partido, así como la de su asesor en el Palacio de los Guzmanes, Sadat Maraña. También fue expulsado del PSOE Joaquín Llamas, después de que la operación llegara a su ayuntamiento, Villarejo de Órbigo. Ambos permanecen como no adscritos hasta el fin del mandato.

Lejos de la política y los tribunales, las carreteras exigieron el pasado año respuestas de emergencia por parte de la Diputación. Los problemas en la carretera a Peñalba de Santiago requirieron importantes actuaciones, que se repitieron en las vías a Salientes, por desprendimientos, y en La Ercina, como resultado de una tromba de agua.
Las carencias en la sanidad rural, con movilizaciones en diversas localidades de la provincia, también produjo fuertes tensiones políticas que llevaron a la creación de una comisión mixta, con presencia de Sanidad.

La Diputación firmó un convenio de colaboración para tratar de garantizar la legalidad de las acciones y contribuir con la recaudación de Gersul Sin dejar los servicios, la situación de Gersul volvió a suscitar importantes debates. En el pasado año se colmató el vaso de rechazo y entró en funcionamiento uno nuevo, que gestiona el Somacyl de manera directa. No obstante, en lo referente al funcionamiento del consorcio, la Diputación firmó un convenio de colaboración para tratar de garantizar la legalidad de las acciones y contribuir con la recaudación, para lo que la institución provincial contratará próximamente a cinco personas. No obstante, sigue sin resolverse el problema de la deuda del consorcio con la UTE Legio VII, establecida por el juez en 23 millones de euros, y que debía haber sido satisfecha antes de noviembre del pasado año.

Cabe destacar que 2018 tampoco será recordado como el año en el que se puso fin al pleito por el Monte San Isidro, ni por la solución definitiva al parking de Santa Nonia, cuyas obras están pendientes. Tampoco se completó el Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis), aunque se ha avanzado en las contrataciones de vehículos y de obras para los parques.

Sí se recordará el 2018 como el año en el que Jesús Calleja recibió la medalla de Oro de la Provincia, Fernando Ónega fue nombrado Hijo Adoptivo de la provincia o León fue reconocida por la Unesco como destino de turismo responsable y sostenible. También fue el primero en el que la Feria de Productos Leoneses, en su 25ª edición, se trasladó al Palacio de Exposiciones.

Por último, es preciso apuntar que serán las elecciones del próximo mes de mayo las que determine si el 2018 se recordará como algo más.