El pacto político que blindó el contrato del agua de San Andrés

Gómez, Chamorro y la empresa suscribieron en 2011 un acuerdo para que el edil del PAL retirara el recurso, aunque el exalcalde se desmarca

Sergio Jorge
30/04/2017
 Actualizado a 18/09/2019
sanandres29417.jpg
sanandres29417.jpg
Aproximadamente un año después de que el pleno de San Andrés aprobara en septiembre de 2010 la ampliación del contrato del agua por 15 años más (de 2031 a 2046) a cambio de que la concesionaria pagara cuatro millones de euros al Ayuntamiento, el recurso presentado por el edil del PAL-UL, Francisco Gómez, ante el Juzgado Contencioso Administrativo de León fue retirado y, con ello, se evitaba que este servicio fuera judicializado.

El motivo de esta retirada es un pacto entre el concejal autonomista, la empresa y el entonces alcalde, Gregorio Chamorro, que había llegado al poder en junio de 2011. Así lo reconoce Gómez y así lo defendió ante el juez la ahora alcaldesa y responsable de que se ampliara el contrato, María Eugenia Gancedo, que defendió así su legalidad ante el magistrado que juzga este asunto en Instrucción número 5 de León después de que fuera retomado por IU.

Gancedo no repercutió la subida del agua a los vecinos, pero una sentencia le obligó a llevarlo a pleno ¿Y por qué retiro el recurso Gómez, dejando así el camino libre a la ampliación del contrato, pese a que fue muy duro con su ahora socia de gobierno? Según explica, fue para evitar los dos escenarios posibles a los que se enfrentaría si seguía adelante: «Si perdíamos el recurso, tendríamos que hacer frente a unas costas terroríficas, y PAL-UL es un partido pequeño», argumenta por un lado el ahora edil de Servicios Generales del Ayuntamiento y, por tanto, responsable del agua en el municipio, pero que durante el mandato del PP llegó a poner más de una decena de denuncias al regidor. «Pero si ganábamos, el Consistorio tendría que devolver los 4 millones a la empresa, y la situación era muy preocupante por la deuda», agrega Gómez, que hasta este acuerdo había sido muy crítico con la gestión de Gancedo, pese a que llevaba ya unos meses en la oposición, y estaba muy cerca de Chamorro, al que votó en su toma de posesión en 2011 y que era «socio de gobierno», según reconoce el propio dirigente popular.

Pero desde entonces las tornas cambiaron, y tras este acuerdo con la empresa, Gómez escenificó un giro a la izquierda, que le llevó a liderar una férrea oposición al alcalde popular (e incluso dejó de sentarse junto a los ediles de UPL y el PP y se situó en la bancada socialista y de IU) que sigue aún, ahora ya dentro del equipo de gobierno encabezado por Gancedo desde las elecciones del año 2015.

Pero Chamorro no está de acuerdo con la visión que esgrimen Gómez y Gancedo. Según asegura, ese pacto entre empresa y edil del PAL lo suscribió él también como «testigo», ya que se lo pidieron ambas partes en su calidad de alcalde de San Andrés. «Esto es una salida de banco de la alcaldesa ante el juez, para salir como puede del tema, es intrascendente que lo firmara yo», agrega el ahora portavoz popular en el Consistorio, que sostiene que era una decisión de Gómez si retiraba o no el recurso ante el Contencioso.

De lo que sí se jacta Chamorro es de no pagar las facturas del agua durante sus cuatro años de mandato. Recuerda el dirigente popular que la ampliación del contrato suponía un incremento de la tarifa, pero no estaba de acuerdo con ella y «no se reconocían las facturas», por lo que no se abonaban y, cada año, se generaba un millón de déficit. Gancedo hasta que dejó la Alcaldía en 2011 no repercutió la subida de la tarifa a los vecinos, y tampoco lo hizo el PP los cuatro años siguientes, pero la regidora socialista animaba a los populares a que hicieran como ella, que lo asumiera el Ayuntamiento.

Esta situación provocó que cada año se generara una deuda que nadie pagaba, por lo que la empresa llevó este asunto al juzgado y lo ganó, con lo que el Consistorio tuvo que pagar más de seis millones a la adjudicataria (abonados gracias a un nuevo crédito del Gobierno suscrito en 2016 para sentencias) y se vio obligado a subir, esta vez sí, la tarifa, pese a que nadie hasta entonces había querido hacerlo. El resultado final es que se aprobó en pleno a finales del año pasado un incremento del 79,4% a los vecinos, que está en vigor desde el 1 de enero.
Archivado en
Lo más leído