El ‘oportuno’ viaje del interventor de San Andrés cuando se modificó el contrato del agua

Había prisa por poner en práctica la ampliación del contrato del agua de San Andrés del Rabanedo. Y también había que evitar los informes negativos. Es lo que se desprende de la actuación del equipo de gobierno socialista en el año 2010, tal y como consta en la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de León que estudia precisamente este asunto. Y es que el interventor municipal había hecho un informe en el que ponía reparos a este contrato. «Eran tres líneas que firmó el día que se iba de vacaciones, y le pedimos que las aplazara porque había que llevarlo a pleno, pero no lo hizo», asegura la alcaldesa, María Eugenia Gancedo. Ese informe, del 20 de agosto de 2010, consideraba que la propuesta de la empresa era ilegal y nula, ya que entre otras cuestiones, se saltaba las prórrogas obligatorias y ampliaba hasta el máximo de 50 años, con un incremento de la cuantía anual que debía satisfacer el Consistorio del alfoz. Pero los demás informes de otros departamentos sí fueron positivos y, tal y como es sabido, el contrato finalmente se llevó ante la corporación el 3 de septiembre de 2010 y se aprobó la ampliación del contrato (entonces el PSOE tenía mayoría absoluta).

Pero lo más extraño llegaría a partir de esa aprobación en el pleno, puesto que el interventor ya no estaría presente en ninguno de los trámites necesarios para poner en marcha este contrato. De hecho, según consta en la investigación, los días 20, 21, 22 y 29 de septiembre se habilitó una interventora accidental (la tesorera, que está también imputada dentro de este asunto, al igual que Gancedo y otras tres exediles socialistas: Ana Herrero, Concepción Rodríguez Carús y Patricia Fernández).


La empresa propuso modificar el contrato y en horas se convocó una junta de gobierno para aprobarlo Ese 29 de septiembre es el día en el que la adjudicataria presenta en registro un acuerdo complementario a la ampliación del contrato en el que pide un aumento de la retribución que recibiría la empresa y que debería materializarse ya ese 2010, a la vez que el Ayuntamiento se comprometía a subir las tarifas del agua (y que finalmente no ha sido hasta 1 de enero de 2017 cuando se han subido después de una denuncia de la concesionaria y posterior sentencia).

Horas después de que la empresa presente su propuesta, el mismo 29 de septiembre Gancedo convoca una junta de gobierno local en la que aprueban esos cambios en el contrato con la asistencia de la interventora accidental. Y es que el interventor titular del Ayuntamiento de San Andrés estaba en Valladolid, puesto que se le obligó a viajar a las Cortes para mantener una reunión con procuradores socialistas, según sostiene Gancedo.

En ese encuentro, convocado también ese mismo día, estuvieron acompañando al funcionario público dos ediles del PSOE, María Concepción Rodríguez Carús y Patricia Fernández, y la temática de la reunión era «muy urgente», según apunta a este periódico la regidora. Se trataba de negociar «los dineros que tendría que recibir el Ayuntamiento del acuerdo marco», es decir, la financiación local que abonaría la Junta de Castilla y León por los servicios sociales. Hay que destacar que el consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico aprobó esta partida el 22 de julio de 2010, es decir, dos meses antes.

La otra edil imputada, Ana Herrero, niega que conociera la convocatoria de esa junta de gobierno local y rechaza que fuera ella quien la firmó, sino la propia alcaldesa, pese a que en el documento consta su rúbrica.

Finalmente, el acuerdo firmado ese 29 de septiembre en junta de gobierno local fue posteriormente anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León tras una denuncia de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la posterior sentencia de 31 de octubre de 2011, en la que se dicta que esta junta de gobierno se declara «nula y sin efecto por no ser ajustado al ordenamiento jurídico».