Por ello, tanto él como el resto de víctimas, con las que contacta a menudo, han visto como «decepcionante» este nombramiento. Es «un chiste», «como si ponen a Ramos Gordón para ayudarle», ironizaba recordando que si no llega a ser porque su caso llega a los medios de comunicación, la Diócesis «lo hubiese mantenido oculto». El propio Obispado reconoció que tanto él como su hermano ya fallecido habían sido víctimas del sacerdote en el seminario de La Bañeza a finales de los 80, por lo que el sacerdote fue apartado un año de su labor pastoral, pero durante ese periodo se le permitió incluso recibir un homenaje en Tábara (Zamora), donde era párroco. Una condena impuesta, cabe recordar, por la propia Diócesis.
Ese «encubrimiento», recuerda, fue tanto cuando ocurrieron los hechos, como hace «no tanto». Por un lado, en el año 2015 Javier interpuso la primera denuncia contra Ramos Gordón y después de la primera «irrisoria» condena a un año sin ejercer la labor pastoral, la víctima hizo público su caso, lo que animó a otros exseminaristas a denunciar. La segunda de estas denuncias se resolvió hace semanas por el Vaticano, condenando al párroco a diez años de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal teniendo que residir, durante ese periodo de tiempo, en un monasterio situado fuera de la Diócesis de Astorga. Por otro, «mi hermano se lo advirtió a un montón de sacerdotes cuando estaba ocurriendo y nadie le hizo caso, si no llego a ir a los medios esto hubiese quedado oculto y no hubiese pasado absolutamente nada», lamenta. Antes de tomar esa decisión de hacer pública su historia, Javier tuvo hasta cinco reuniones en la Diócesis de Astorga, dos de ellas con el obispo, Juan Antonio Menéndez.
Por otra parte, asegura que tampoco le están dando facilidades para hacer al propio expediente de su caso, a pesar de la insistencia con la que lo ha solicitado. En la última carta, el vicario judicial de Astorga asegura que las actas y todo el expediente de su procedimiento ya no están en el Obispado si no que han sido puestas a disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dependiente de la Santa Sede. "No quieren enseñarme mi expediente porque quizá tengan mucho que ocultar", considera Javier.Además de criticar el nombramiento del prelado como presidente de esta comisión para luchar contra la pederastia en la iglesia, teme que el órgano se haya creado únicamente «de cara a la opinión pública», ya que «no se ha invitado a ninguna víctima». No se conocen más nombres a parte del de Menéndez pero estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la nunciatura apostólica, del servicio jurídico de la Conferencia Española de Religiosos y de la vicesecretaría para asuntos generales. Tampoco habrá víctimas en el gran cónclave que el papa Francisco ha convocado en el Vaticano para febrero y que pretende adoptar medidas para erradicar los casos de pederastia en la iglesia, extendidos a nivel mundial. «Lo que tienen que hacer es aceptar también el encubrimiento, hacerse cargo del dolor, reparar a las víctimas y ofrecer un perdón sincero», exige Javier, que no cree en la funcionalidad de estos anuncios. «No me creo la protección que se ofrece para futuras víctimas cuando a nosotros nos tienen abandonados», explica. Uno de los motivos por los que la Conferencia Episcopal Española eligió a Menéndez es porque la Diócesis de Astorga tiene, a raíz de que el caso de Javier saliera a la luz, uno de los protocolos supuestamente más ‘duros’ contra la pederastia, aunque «si eso es lo duro...»
Con esta comisión, la Conferencia Episcopal asume la protección de «todos los menores y adultos vulnerables» a través de un protocolo unificado para todo el país que incluye la «remisión a las autoridades apropiadas» a cualquier miembro de la comunidad eclesiásticas que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable, sin precisar cuál es esa autoridad. Precisamente una de las principales reclamaciones tanto de víctimas como de jueces y fiscales es un cambio de legislación que obligue a la iglesia a denunciar los casos de pederastia de los que tenga conocimiento, algo que no ocurría ahora, al menos entre víctimas mayores de edad a las que únicamente se anima a denunciar por sí mismas.