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El lobo de los cuentos

07/02/2021
 Actualizado a 07/02/2021
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«Su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce su presencia en los ecosistemas naturales» son los argumentos con los que la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico ha conseguido que el Gobierno haya dado el primer paso para prohibir la caza de esta especie en toda España. Entre esos «servicios medioambientales» que prestan los lobos a nuestro ecosistema se incluye, al parecer, la muerte de 4.000 reses que produjeron sólo en 2019 y sólo en Castilla y León, la comunidad donde se encuentra la gran mayoría de la población, y la consiguiente ruina de sus ganaderos, que tardan en ocasiones años en cobrar las indemnizaciones y, en otras muchas ocasiones, no llegan a cobrarlas nunca. Los argumentos de la asociación ecologista responden a la triste definición que en los últimos tiempos se ha convertido cualquier tipo de militancia: son ellos quienes deciden lo que es ecologismo y lo que no, lo que es científico y lo que no, lo que es cultura y lo que no. Al valor cultural del lobo también recurren para prohibir su caza, es de suponer que por su presencia en los cuentos de la literatura oral con los que les atemorizaron de niños, una venganza a través del tiempo ahora que los ecologistas se han empoderado entre nuestra maraña ministerial. La cultura de quienes han convivido siempre con el lobo, que hasta hace poco recompensaban a quienes lo cazaban mientras paseaban el cadáver del depredador por los pueblos, se ha convertido a estas alturas en una absoluta barbarie, aunque fuera la más evidente manifestación de una lucha entre los instintos de supervivencia del animal y del ser humano.

La votación en la que esta semana se dio el primer paso para prohibir la caza del lobo fue tan ajustada como irritante. Votaron representantes de todas las comunidades autónomas y tuvo que ser el voto del calidad del ministerio el que resolviera el empate que se produjo entre ellas, sentenciando a los lobos a procrear libremente por nuestros montes y a los ganaderos a naufragar en la burocracia administrativa para intentar compensar las pérdidas que eso va a generar en sus explotaciones. Si alguien se atreve a sacar conclusiones del hecho de que todas las comunidades en las que hay lobos estaban de acuerdo en permitir su control poblacional y que, en cambio, la decisión acabó pasando por aquellas que del lobo saben que es el nombre de un turrón, se le puede considerar todo un temerario por aplicar el sentido común por encima de sus posibilidades. De todo lo que pasó en la reunión de esa Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, lo único que en realidad les sonó familiar a los habitantes de los pueblos fue que Ceuta y Melilla (sí, también tenían voto) no pudieron participar por problemas de conexión.

En el fondo de la cuestión yo creía que iba a estar ese innato afán de los cazadores por comer una y contar veinte, dando por supuesto que aciertan todos sus disparos, incluso los que sólo sueñan, que el problema venía de que, como suele ser habitual entre muchos de los practicantes de este ‘deporte’, habrían presumido de haber matado más lobos que en los cuentos. Pero una vez acudí a una batida de lobos para hacer un reportaje, porque no es nada habitual que se autorice, y aquello no tenía nada que ver con las habituales procesiones de barrigudos vestidos de Coronel Tapioca a los que había visto adueñarse de los montes cada fin de semana, a bordo de sus todoterrenos de gran cilindrada y compensando algún complejo inconfesable con el rigor de sus rifles. La batida de lobos, en cambio, estaba dirigida y protagonizada por guardas medioambientales que no hacían otra cosa que acudir a las llamadas de auxilio de los ganaderos de la zona, que mataban a unos animales para salvar a otros, que sabían exactamente a cuántos disparar y, en determinados casos, incluso a cuáles. Al terminar, no hubo comilonas ni fantasmadas ni fotografías con cadáveres ensangrentados, sino que cada uno fichó, acabó su jornada laboral y se fue a su casa, otro día más en su particular oficina.

Como siempre, la gota que colma no sólo viene de la decisión, sino de las explicaciones, que suelen empeorarlo todo. En Castilla y León tenemos a un virtuoso para esto: se llama Javier Izquierdo y es el delegado del Gobierno. Esta vez no salió al paso acusando al personal de la «política de lamento y reproche» o de la «visión simplista de unos territorios que se sienten agraviados por otros», que es lo que suele decir cuando algo le llega desde la provincia de León, sino que para el problema del lobo sí que ve como solución las «políticas compensatorias», es decir, indemnizaciones. En los pueblos dicen que les encantaría verle haciendo una autopsia al cadáver de una ternera o de un potro para diferenciar si ha sufrido el ataque de un lobo, de un oso o de un ecologista, que es la principal dificultad en muchas ocasiones, aunque probablemente se tendrían que conformar con que el delegado fuese capaz de diferenciar la ternera del potro. Dicen también que se les ocurren otras muchas ideas que se podrían solucionar después con indemnizaciones.

El Gobierno al que representa en esta descomunal comunidad autónoma tiene 22 ministerios. El que interviene en este caso une la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, era de suponer que con el objetivo de que ambas cuestiones avanzasen juntas, pero la realidad nos está demostrando que, también en esto, se lo toman como si la una tuviera que ir siempre en contra de la otra.
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