El Juzgado apremia a Diputación a que cumpla la sentencia de la ayuda a domicilio

La pasividad de la Diputación de León para asumir las sentencias judiciales en su contra ha llegado a su fin. Responsables políticos, entre los que se encuentran el propio presidente, Juan Martínez Majo, o el diputado de Hacienda, Lucipinio Rodrigo, entre otros, podría llegar a pagar con su patrimonio personal la parálisis a la que someten a la institución provincial a la hora de cumplir lo que dicta la ley. Se trata de otro caso más de los muchos frentes que tiene abiertos con la justicia la Diputación Provincial de la etapa de Isabel Carrasco, casos muchos de ellos ante los que los habituales responsables de la Diputación no han querido o no han sabido dar respuesta, con el consiguiente aumento del coste en primer lugar para las arcas de la institución y, ahora, también de su propio patrimonio personal.

El último de los episodios en este sentido tiene que ver con que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha emitido esta misma semana un auto en el que obliga a la Diputación Provincial de León a ejecutar la sentencia del pasado 20 de junio de 2017, en la que se ordena anular y dejar sin efecto por ser contrarios al ordenamiento jurídico los proceso de adjudicación del servicio de la ayuda a domicilio a la antigua Seralia, así como retrotraer el procedimiento de licitación. A pesar de que esa sentencia es firme desde hace casi 10 meses y reconoce que en el proceso, durante el periodo de gobierno de Isabel Carrasco, se cometieron irregularidades para adjudicar el servicio a Seralia, entonces propiedad del imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri, editor de Diario de León, desde la Diputación de León no se ha llevado a efecto la mencionada sentencia, vulnerando el plazo para dar cumplimiento a la misma de manera voluntaria y también los plazos de tramitación que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas.

El auto de esta misma semana del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León apremia a la Diputación a ejecutar la sentencia, que como ya se ha dicho es firme, y le da un plazo improrrogable de 20 días, haciendo saber a la institución provincial que, en caso de incumplimiento, se podrán adoptar medidas coercitivas como imponer multas de hasta 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes responsables de la ejecución, “sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar”.

Además, según el auto, “se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, en referencia a un posible delito de desobediencia a la Autoridad Judicial. Esos 20 días improrrogables empezaron a contar el pasado miércoles, fecha en la Juzgado emitió el auto, y la Diputación tendrá, al fin, que reaccionar para cumplir con lo que dice la justicia.