El juicio contra el empresario minero Victorino Alonso comienza en la Audiencia este lunes

El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace 17 años por el propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados a cabo en El Feixolín

I. Herrera
19/09/2018
 Actualizado a 17/09/2019
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Trece años de actividad en la explotación minera de carbón a cielo abierto en El Feixolín, en Villablino, podrían costarle ocho años y tres meses de cárcel a Victorino Alonso, gerente y accionista mayoritario de MSP (antes Coto Minero Cantábrico), y José Tascón, apoderado de dichas sociedades, por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como 15 meses al exacalde del municipio, Guillermo Murias, al que el Ministerio Público considera autor de un delito de prevaricación urbanística.

Los hechos serán juzgados la semana del 24 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León con estos tres hombres como acusados. Según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este periódico, la actividad se desarrolló entre 1995 y 2008 sobre un total de 210 hectáreas de manera «plenamente consciente y deliberada» en suelo calificado como rústico común y rústico de especial protección forestal, según el PGOU del municipio y careciendo de licencia municipal de apertura, licencia urbanística municipal, Declaración de Impacto Ambiental o autorización de uso excepcional de suelo rústico en los terrenos donde se ubica la cantera, entre otras.

El fiscal insiste en que la actividad desarrollada en el Feixolín ha provocado una «afectación gravísima para el medio ambiente y el entorno nactural incluso después de la intensa labor de restauración llevaba a cabo en la zona durante los últimos años desde el cese de la explotación». Asimismo, refleja que la «ilegalidad» de la explotación fue puesta de manifiesto por las resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que era «perfectamente conocida y amparada por el entonces alcalde del Ayuntamiento de Villablino», también acusado en esta causa junto a los responsables de la empresa, empleado de la entidad en situación de excendencia al que acusa de intentar legalizar la situación del Feixolín.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera a los dos representantes de la empresa autores de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que pide para cada uno de ellos 8 años y tres meses de prisión así como 22.275 euros de multa y la inhabilitación para administrar, dirigir o gestionar cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por el mismo tiempo de la condena. Al exalcalde le imputa un presunto delito de prevaricación urbanística y solicita para él 15 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o cargo alguno.

Las defensas

Las defensas de los representates de la empresa se limitan a rechazar los cargos que se les imputan y asegurar que no existe delito alguno solicitando su libre absolución, mientras que la representación legal del exalcalde de Villablino, en un escrito de más de 20 páginas, asegura que su cliente, como trabajador de la empresa, fue uno de los impulsores de la Marcha Negra de 1992 y, como alcalde, cumplió con lo que dispusieron los tribunales. Un extenso escrito de defensa en el que acaba pidiendo la absolución del exacalde de Villablino.
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