El interventor de Diputación no aclara si cumple la regla de gasto

La aprobación de las obras del parking de Santa Nonia cuestiona el cumplimiento de los límites legales a falta de que se redacte y debata el informe de estabilidad

D.L.M.
31/05/2018
 Actualizado a 18/09/2019
En primer término, la secretaria y el interventor de la Diputación durante el último pleno. | ICAL
En primer término, la secretaria y el interventor de la Diputación durante el último pleno. | ICAL
El interventor de la Diputación advirtió en la última Comisión de Hacienda que "parece que se ha incumplido" la regla de gasto que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). La advertencia fue ratificada este miércoles por el propio funcionario en el pleno ordinario de la institución provincial dentro del debate de una modificación de crédito que incluye la ejecución de una obra por valor de 110.000 euros en el parking de Santa Nonia. El interventor no aclaró si la Diputación cumple o no con la norma, pero quiso dejar claro que su firma no consta en ningún documento. "Es un comentario que realicé y que se ha recogido en el acta", defendió el responsable de fiscalizar las cuentas ante las críticas del diputado de Coalición por el Bierzo (CB), Pedro Muñoz, que le reclamó mayor "compromiso". "Para el interventor es un misterio saber si se ha incumplido la regla de gasto", ironizó el berciano. La respuesta podría llegar en el próximo pleno, como adelantó el interventor, cuando se presente el plan de sostenibilidad financiera que tendrá que ser ratificado por la corporación provincial.

La pregunta es si este dinero que tenemos ahora pendiente, sin ese análisis y sin ese presupuesto, lo podemos utilizar o no No fue la única cuestión sobre este asunto que quedó en el aire en la sesión plenaria de ayer. Tampoco se dio respuesta a lo planteado por el diputado de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Matías Llorente, que interrogó al diputado de Hacienda, Lupicinio Rodríguez, y al presidente, Juan Martínez Majo, sobre la disponibilidad de fondos. Llorente advirtió del "problema serio que tenemos en este momento" porque, según expuso, "quedan pendientes de tesorería casi tres millones de euros más algún depósito, debe efectuarse un análisis de gasto, y la pregunta es si este dinero que tenemos ahora pendiente, sin ese análisis y sin ese presupuesto, lo podemos utilizar o no". La pregunta no tuvo respuesta, a expensas del obligado análisis.

Cuestionado sobre el asunto, Lupicinio Rodríguez se limitó a recordar la ausencia de deuda de la Diputación, aunque reconoció que es posible que haya que tomar medidas en el futuro para corregir las cuentas. Junto con el análisis del gasto que desvelará el cumplimiento o node las directrices de Hacienda se debe aprobar un plan económico-financiero en el que establecerán las limitaciones. Hasta el momento, en este ejercicio el equipo de gobierno de Majo ha contado con importantes inyecciones de fondos procedentes de remanentes de Tesorería que han posibilitado el engrosamiento del Plan de Cooperacióno del Plan de Carreteras, entre otras cuestiones. Sin embargo, la necesidad de adecuar el gasto a los ingresos permanentes obliga a limitar las partidas extraordinarias y asumir los compromisos corrientes y otros pagos pendientes, como los referidos a varias sentencias judiciales, que siguen sobre la mesa deldiputado de Hacienda.

La mancha en la contabilidad de la institución provincial fue advertida poruna inversión que «venía de tapadillo», como afeó al equipo de gobierno el diputado de Ciudadanos (CS), Juan Carlos Fernández. La actuación se dirige al polémico solar – uno de los "muertos" que afligen a Majo– que ha sido explotado durante 29 años por una empresa externa de forma irregular. Diputación trata ahora de regularizar la situación del inmueble, que a punto estuvo de perder por dejadez administrativa. El vicepresidente, Francisco Castañón, quiso salir al paso de las críticas y aseguró que el importe de las obras se repercutirá en el canon que se establezca cuando salga a concurso la explotación del aparcamiento. Para ello, primero tiene que contar con la licencia ambiental del Ayuntamiento de la capital leonesa, para cuya concesión se hacen necesaria la reforma, según Castañón.
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