El ‘icetazo’

Se conoce como ‘icetazo’ el decreto promovido y pactado con los sindicatos por Miquel Iceta en el escaso tiempo que fue ministro de Política Territorial y Función Pública y que tiene como objetivo reducir la temporalidad en el sector público, en concreto, bajar esa temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8% en tres años. El miércoles pasado, 21 de julio, pasó la votación en el Congreso de los Diputados ‘por los pelos y a los penaltis’ después de repetir la votación por empate y salvándose al final por 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. Considero interesante ver el reparto de fuerzas: el PSOE contó solo con el respaldo de Unidas Podemos, de Compromís, de Teruel Existe y (a última hora) de ERC; mientras que EH Bildu, JxCAT, PDeCAT y BNG se sumaron a los votos del PP, Ciudadanos, Vox, UPN, Foro Asturias y CC. Se abstuvieron el PNV y Más País. Esta importante votación suponía «un acuerdo de oposiciones no eliminatorias y eximir de ellas a los interinos que lleven más de 10 años ocupando una plaza nunca convocada y que se podrán adjudicar por una valoración de méritos». Es decir, «Hacienda regala la plaza de funcionario a los interinos de más de diez años y les libra de las oposiciones». Lo que debería ser un motivo de celebración para todos, en la realidad fue todo lo contrario y la mayoría quedó insatisfecha con el ‘icetazo’. Para el Gobierno el objetivo principal de este decreto es conseguir que la temporalidad baje desde el 30% al 8%, una meta que se debía haber cumplido ya en 2020 y que lo logrará regularizando a 300.000 interinos. Para eso, la reforma propone prohibir la temporalidad por más de tres años y penalizar a las administraciones públicas que demuestren desidia por contratar con fraude de ley.

Para los sindicatos son muchos más de 300.000 los interinos afectados y calculan que el abuso laboral en la Administración afecta a entre 800.000 y 900.000 trabajadores. Por otra parte, los sindicatos se temen que todo ‘quede en agua de borrajas’. El CSIF, uno de los firmantes del acuerdo del que salió este decreto (junto con CC OO y UGT), pide a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización no sean tumbados por los tribunales, ya que los partidos de la oposición han asegurado que lo llevarán ante el Tribunal Constitucional. Para los partidos de la oposición el ‘icetazo’ es un esperpento que demuestra que este Gobierno está dispuesto a todo para conseguir votos y para mantener la mayoría parlamentaria con el fin de dar estabilidad a su ejecutivo y, de ese modo, perpetuarse en el poder. Ellos amenazan con recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Por último, los interinos, los que parece lógico que deberían estar tirando cohetes para celebrar este decreto, son los que con más fuerza se enfrentan al mismo. Las plataformas de interinos convocaron una manifestación de protesta delante del Congreso de los Diputados mientras se votaba su futuro en la cámara. ¡Tiene bemoles! No entendía nada al ver las imágenes, pero debe de haber alguna explicación. Por una parte, ellos saben que son más de 800.000 los interinos afectados que tendrán que someterse a unas oposiciones especiales para ganarse la plaza. El propósito es que antes de 2025 se estabilicen 300.000 plazas ocupadas actualmente por interinos en toda España. Los 500.000 restantes que no logren un puesto serán compensados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Según el representante de Vox en el Congreso, esta reforma es un ‘ERE encubierto’. «Este real decreto ley manda a su casa en la más absoluta ruina a muchos interinos». Por otra parte, ellos se temen que el Tribunal Constitucional eche por tierra al izatazo por estar rozando la ilegalidad, más aún después del mercadeo y de los cambios de última hora, mientras se debatía en el Congreso, para conseguir los votos de ERC.

Empecé a trabajar, igual que la mayoría de los docentes, como profesor interino durante cinco años hasta que aprobé la oposición y pasé a ser funcionario público. He convivido durante toda mi vida profesional en los institutos en los que más de la cuarta parte del profesorado eran interinos. Este tema lo he vivido de cerca y me sigue interesando. Trataré de dar unas pinceladas sobre lo que dice la ley a cerca del acceso al funcionariado.

El funcionario público no se rige por el Derecho Laboral común, sino que disponen de su propia regulación, mediante normas de Derecho Administrativo que delimitan sus derechos y sus obligaciones. El funcionario interino presta servicios de carácter transitorio que, por razones de urgencia o necesidad, no puedan proveerse por funcionarios de carrera. El personal al servicio de la Administración Pública debe ser seleccionado mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Los procedimientos más habituales son: la ‘oposición’ que consiste en la realización de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes, fijando su orden en función de la puntuación obtenida. El ‘concurso’ que tiene por objeto evaluar los méritos de los aspirantes al puesto según la baremación establecida, que fija su orden de puntuación. Y el ‘concurso-oposición’ que es un sistema mixto en el que se combinan los dos anteriores. En nuestra opinión el ‘icetazo’ aún está ‘en el aire’. El Gobierno ha conseguido salvar ‘in extremis’ y por un voto el real decreto para la reforma de los interinos y el Congreso ha convalidado la norma, pero ha dejado muchos ‘pelos en la gatera’ en su negociación y votación y quedan muchas dudas sobre su legalidad y su futuro. El tiempo dirá lo que sucede con este ya famoso decreto. Vamos, una vez más, a dejarnos sorprender.