Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que da por concluido así el procedimiento para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros y cumplir con las últimas modificaciones, impulsadas precisamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vía decreto ley, sobre la ley de Memoria Histórica.
«Lo que nos corresponde como Gobierno es cumplir con una ley votada en el Parlamento y hacer realidad una modificación de la ley de Memoria Histórica», ha subrayado Calvo para defender la postura del Gobierno, que con su decisión contraviene la voluntad de los familiares de Franco, que desde el primer momento se han mostrado en contra de la exhumación y que optaban, en caso de que se produjera, por la reinhumación en la catedral de La Almudena.
En manos del Supremo
Toda la seguridad que ha mostrado la portavoz del Gobierno a la hora de realizar el anuncio contrasta con la inseguridad jurídica que plantea el proceso. A día de hoy, la exhumación de Franco está en manos del Tribunal Supremo, instancia judicial encargada de dictaminar si atiende o no la petición de la familia del dictador, que la semana pasada presentó un recurso para pedir medidas cautelares que suspendan el proceso, según recoge el diario ABC.es.
En el punto actual, cuando el Gobierno ya ha puesto fecha a la exhumación de Franco pese a que el Supremo no ha resuelto la disputa, cobraría sentido que el Alto Tribunal pudiera dictar la paralización del procedimiento porque apreciara un riesgo potencial de dañar a una de las partes antes de la resolución judicial.