El Gobierno desconoce cómo deben ser los trenes-tranvía de Feve

Confirma que estudia poner un autobús eléctrico que lleve a los viajeros de Padre Isla a La Asunción hasta que puedan licitarse

Alfonso Martínez
19/11/2020
 Actualizado a 19/11/2020
Vista general de la nueva plataforma para el tranvía a su llegada a la estación de Padre Isla. | MAURICIO PEÑA
Vista general de la nueva plataforma para el tranvía a su llegada a la estación de Padre Isla. | MAURICIO PEÑA
«Actualmente no se conocen las especificaciones técnicas que deben reunir los trenes para poder proceder a su licitación. Por ello, se está estudiando la puesta en marcha de un servicio de autobuses eléctrico que utilizaría la traza del tranvía (lo que supondría un ahorro en los tiempos de viaje del autobús actual) y que haría por tanto parada en las estaciones del trazado hasta que pueda disponerse de los trenes». Estas frases forman parte de la respuesta que el Gobierno de España dio recientemente a una serie de preguntas planteadas por el diputado leonés de Vox, Pablo Calvo Liste, sobre la actual situación del proyecto de integración de la línea de Feve.

Esta respuesta llega más de nueve años después de que se cortase el tráfico ferroviario entre la estación de Padre Isla y el apeadero de la La Asunción y no concreta plazo alguno para resolver ninguno de los dos problemas fundamentales del proyecto, la normativa que regule el tráfico tranviario y la adquisición de los convoyes.

Resulta especialmente llamativo que el Gobierno desconozca las especificaciones técnicas que deben tener los nuevos trenes-tranvía, puesto que ya fueron adquiridos unos durante la etapa del socialista Ángel Villalba al frente de Feve, pero la operación fue anulada por el Tribunal Supremo después de un largo pleito judicial entre el Gobierno y la empresa adjudicataria. En 2010 se encargaron inicialmente cuatro unidades para la red del tren-tranvía de León por un importe de 15,2 millones de euros. Tras varias modificaciones, el pedido se incrementó hasta 28 unidades y otros contratos de piezas que elevaron el importe hasta 34,6 millones de euros para renovar otras líneas de vía estrecha.

En el año 2017, ya durante la etapa del PP al frente de la administración estatal, se inició una revisión de oficio del contrato y se declaró la nulidad del mismo. Posteriormente, la empresa recurrió y la Audiencia Nacional determinó que el proceso de compra fue «contrario al interés público», por lo que correspondía liquidar el contrato.
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