Pero bien sabido es que, hecha la ley, hecha la trampa. Y por eso siempre hay quien quiere ser más listo que nadie y aprovecharse de este sistema de protección para empresas y trabajadores para beneficiarse sin tener derecho a ello.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, hizo balance este jueves del trabajo desarrollado por la Inspección de Trabajo en aras a la persecución de los fraudes que hubieran podido cometerse a la hora de solicitar y aplicar los Erte.
En el caso concreto de la provincia de León, se llevaron a cabo 469 inspecciones y 301 visitas a empresas que derivaron en la imposición de un total de 57 sanciones. Esto representa un 12,2% de las compañías inspeccionadas. Cabe destacar además que el importe de estas multas asciende a un total de 305.657 euros, según los datos aportados por Izquierdo durante su comparecencia.
Los principales incumplimientos detectados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones inspectoras realizadas han sido en primer lugar la compatibilización del puesto de trabajo y la prestación por desempleo. Se ha constatado que empresas en Erte, con algunos trabajadores regulados y percibiendo prestaciones por desempleo, continuaban prestando servicios en la empresa beneficiaría. Cabe resaltar que en todas las visitas realizadas, sean específicas de los Erte, de seguridad y salud laboral o de cualquier otra índole, se comprueba que no produzca este tipo de fraude.
Además, se han detectado empresas que no comunican al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) las inclusiones y exclusiones de los trabajadores que están afectados por los Erte.
Otra de las infracciones ha sido la ausencia de alta de algunos trabajadores en la Seguridad Social. Mientras la empresa aplica un Erte, se comprueba que no ha comunicado el alta de otros trabajadores a la Seguridad Social.
Finalmente, el listado de fraudes habituales se centran en el tiempo de trabajo y la realización de horas extra por parte de los trabajadores.
Otro de los datos aportados ayer por el delegado del Gobierno en Castilla y León fue el de los trabajadores que percibieron algún tipo de prestación por los Erte entre los meses de marzo y diciembre de 2020. En el caso de la provincia de León fueron 28.467.
Datos autonómicos
Este dato se eleva a 188.592 en el conjunto de la comunidad, donde la Inspección de Trabajo detectó 225 infracciones en el cobro de Erte durante el pasado año, en el que se realizaron un total de 2.578 inspecciones. Esto representa que se detectó fraude en un 8,72% de las empresas supervisadas. A mayores se realizaron otros 11.464 informes previos a su aprobación, a instancias de la autoridad laboral de la Junta.
Estos datos demuestran que la labor de lucha contra el fraude por parte de los inspectores sirve para controlar que no hay connivencias para la obtención indebida de prestaciones por desempleo o casos en los que se compatibilice el cobro con el trabajo, pero al mismo tiempo confirman las cifras que el porcentaje de casos de fraude es mínimo.
Por provincias, Burgos, con 78, es la provincia en la que se han detectado más infracciones, seguida de León, con las 57 ya citadas, Valladolid, con 31, y Segovia, con 21. A la cola del ranking se sitúan Soria, con 12, Ávila, con 11 casos, Palencia con siete, y Salamanca y Zamora, con cuatro casos cada una.
Es preciso destacar que el importe de las sanciones ascendió a 829.346,92 euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente, mientras que el importe hasta el momento de actas de liquidación (lo que no se ha ingresado voluntariamente) es de 451.999,66 euros.
Durante las 1.808 visitas realizadas por los inspectores a las empresas durante esos meses, se comprobó, por ejemplo, que de los 225 casos de fraude, 33 personas estaban trabajando sin dar de alta en empresas que mantenían trabajadores en Erte, 63 estaban trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación, y 53 no habían informado al Sepe de la salida del Erte.
El importe neto de las prestaciones abonadas en la comunidad durante el periodo marzo-diciembre de 2020 en concepto de Erte alcanzó los 456,5 millones de euros, a los que el Estado suma la aportación de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada beneficiario.